El  voto universal se estableció tardíamente en México. Fue sólo hasta mediados del siglo XX —ya en plena Guerra Fría— cuando se aprobó la reforma al artículo 34 constitucional, que autorizaba a las mujeres a participar como votantes y candidatas en todos los niveles electorales con los mismos derechos de los hombres. La reforma se publicó el 17 de octubre de 1953 y es por eso que en octubre de 2013 se conmemora el 60 aniversario del sufragio femenino en México.

Pasaron todavía cinco años para que las mujeres pudieran acudir a las urnas en elecciones presidenciales, las de mayor importancia en el país por su valor simbólico e influencia política. En efecto, las mujeres votaron por presidente de la República sólo hasta julio de 1958, en el proceso electoral controlado y organizado por el gobierno federal en todas sus partes que llevó a Adolfo López Mateos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia de la República con un 90% de la votación, el mayor porcentaje que hasta ahora ha tenido un candidato presidencial. El otro candidato fue Luis H. Álvarez, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

En América Latina algunos países establecieron el voto femenino en los momentos previos o posteriores a la Segunda Guerra Mundial: Brasil lo hizo en 1932; Argentina en 1947; Chile en 1949. En México el voto de las mujeres se autorizó sólo en el nivel municipal en el año de 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán. El principal argumento que se esgrimió entonces para incorporar a las mujeres a la vida electoral municipal era la cercanía y semejanza entre la familia —considerada el ámbito femenino por excelencia— y el municipio. Tal perspectiva reducía la participación electoral de las mujeres a su papel social como madres, esposas y amas de casa. No se invocaron los principios de justicia o de igualdad, que en otros momentos se emplearon para defender la ciudadanía de las mujeres.

La Primera Guerra Mundial precipitó la legislación del sufragio femenino en varios países del mundo occidental. Uno de los primeros fue Gran Bretaña, donde el sufragio, restringido para mujeres jefas de familia y mayores de 30 años edad, se estableció en 1917. Al poco tiempo, en 1920, el voto femenino se concretó en Estados Unidos. Ambos países tuvieron movimientos sufragistas muy notables, cuya visibilidad en la prensa internacional y nacional contribuyó a que esos vientos soplaran en el México revolucionario.

Al indagar sobre el retraso mexicano en el establecimiento del sufragio femenino sale a la luz una paradoja: la Revolución mexicana alentó el voto de las mujeres y, al mismo tiempo, también lo obstaculizó al favorecer su postergación hasta mediados del siglo XX. La tensión entre el impulso sufragista, bajo la égida de algunos partidos socialistas estatales y de discursos igualitaristas y de justicia social que buscaban dar a las mujeres las mismas oportunidades educativas y los mismos derechos individuales que tenían los hombres, se enfrentó con el arraigado prejuicio relativo a que la inclinación política conservadora atribuida a las mujeres podría poner en riesgo la continuidad de las reformas y del régimen. La noción de que la intervención electoral de las mujeres favorecería a intereses políticos tradicionalistas y clericales estaba muy extendida entre las elites políticas revolucionarias y posrevolucionarias y se utilizó como argumento para privar a la población del derecho al voto durante décadas. Teniendo presente este conflicto, vale la pena aproximarse a algunos momentos de la historia del sufragio femenino en las primeras décadas del siglo XX.

A primera vista, podría pensarse que la historia del sufragio femenino sólo involucra a grupúsculos de mujeres radicales que confrontan a hombres inflexibles y tradicionalistas o que se trata de un episodio marginal, acaso curioso y con una que otra anécdota colorida pero, a fin de cuentas, irrelevante para el relato político más amplio. No es así. La historia del sufragio femenino es un aspecto central de la historia de la democracia. Implica tanto a hombres como a mujeres que fueron protagonistas de los debates en torno al voto femenino, pronunciándose a veces a favor y otras en contra, independientemente de su afiliación política. Tampoco se trata de un relato lineal sino de un proceso complejo, con pasos en falso, rodeos,  discrepancias entre sufragistas y entre sus opositores; lleno de episodios y personajes todavía muy poco conocidos.  Todo ello inmerso en los conflictos ideológicos y políticos que son la materia misma de la historia del siglo XX, en la que el conflicto entre la Iglesia y el Estado es particularmente relevante.

Paradojas del sufragio femenino

El sufragio femenino surgió como tema de debate público en espacios del movimiento constitucionalista, la facción ganadora de la Revolución mexicana, que impuso una relativa estabilidad en el país, estableció un gobierno y construyó un nuevo Estado. En medio de una atmósfera de experimentación social, que suponía la implantación de reformas de gran alcance en los ámbitos agrario, educativo, laboral. También en lo político y electoral el tema del sufragio femenino cobró presencia tanto en reuniones feministas como en el Congreso Constituyente. En el México revolucionario hubo mujeres que aspiraron a puestos de elección popular; otras llegaron a ejercerlos por periodos breves y, en algunos estados de la República, los derechos electorales femeninos se establecieron de manera temporal o definitiva, con el apoyo de partidos socialistas regionales como el Radical Demócrata Social Tabasqueño o el Socialista Chiapaneco. No todos los partidos de este tipo promovieron el voto femenino: el Socialista Michoacano, por ejemplo, lo pasó por alto.  

No es que el voto de las mujeres fuera un tema central en el debate político, ni siquiera lo fue en las reuniones y congresos feministas en los que se discutieron los cambios en  su educación, trabajo y responsabilidades en la familia, como consecuencia de los procesos de modernización, tal y como ocurrió en los congresos feministas de Yucatán, organizados y financiados en 1916 por el gobernador militar constitucionalista en la península, el sonorense Salvador Alvarado.

Un indicador de la importancia que el tema del sufragio femenino había adquirido en México durante los años de la Primera Guerra Mundial fue que el Congreso Constituyente de Querétaro recibió tres peticiones al respecto. Hermila Galindo y el general Silvestre Topete reclamaron el voto de las mujeres mientras que la profesora Inés Malváez se manifestó en contra. Las posiciones antisufragistas tuvieron muchas adeptas en las primeras décadas del siglo, incluso entre activistas de la talla de Malváez, quien contaba entre sus méritos haber tomado el riesgo de organizar las ceremonias fúnebres ante la tumba de Francisco I. Madero, que fueron semilla de la resistencia clandestina contra el gobierno de Victoriano Huerta. Desde su punto de vista, el sufragio no debería otorgarse a las mujeres porque consideraba que su actividad daría mejores frutos si se centraba en obras educativas y asistenciales, evitando involucrarse en el mundo de la política, plagado de vicios y capaz de corromper la moralidad atribuida a las mujeres, consideradas como espíritus  nobles y elevados a causa de su vocación maternal.

Si bien la Constitución de 1917 no reconoció los derechos electorales femeninos, en años posteriores los estados de San Luis Potosí (1923), Tabasco (1925) y Chiapas (1925) legislaron el derecho al voto de las mujeres durante los gobiernos de Rafael Nieto, Tomás Garrido Canabal y César Córdoba, respectivamente. A pesar de tratarse de regiones muy distintas entre sí, los tres gobernadores compartían haber tenido alguna participación en el movimiento constitucionalista, contar con el apoyo de partidos locales de orientación política socialista y radical, y sostener posturas anticlericales en grado diverso, además de fomentar la educación de las mujeres. La reforma de Tabasco se conoció en el otro extremo del país; en Nogales, Sonora, la maestra Emélida Carrillo solicitó al Congreso de ese estado que se estableciera el sufragio femenino en la entidad y mencionó como ejemplo a seguir la legislación electoral tabasqueña.

 Las reformas potosina y tabasqueña tuvieron corta vida ya que fueron derogadas a los pocos años de su establecimiento; la legislación chiapaneca, en cambio, resultó ser perdurable a pesar de que César Córdoba, el gobernador que promovió la reforma, permaneció sólo cinco meses en el cargo. Y es que su sucesor en el gobierno del estado, Carlos Vidal, no derogó la reforma porque era su aliado político.

Yucatán no estableció el sufragio femenino, pero fue el primer estado en el que hubo mujeres en puestos de representación popular. Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Ponce y Raquel Dzib fueron diputadas locales durante el breve periodo de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, entre 1922 y 1924, al tiempo que Rosa G. Torre fue regidora en el gobierno municipal de Mérida. Felipe Carrillo Puerto contaba con el apoyo de su hermana Elvia, quien organizó ligas de resistencia y dio impulso tanto al voto de las mujeres como a su intervención en asuntos públicos, pero no consiguió la reforma relativa al sufragio femenino en ese estado.

La mayor activista a favor del sufragio femenino en tiempos revolucionarios fue Hermila Galindo, colaboradora de gran confianza política de Venustiano Carranza y propagandista del constitucionalismo dentro y fuera de México. Con su fuerza oratoria, Galindo promovió el voto y  la educación femenina mediante conferencias en diversos lugares del sureste. También lo hizo en las páginas del semanario La mujer moderna, que contó con el apoyo financiero de Carranza y en el que divulgó ideas feministas sobre la igualdad de capacidades y derechos de mujeres y hombres, además de hacer propaganda a favor del constitucionalismo. La joven Galindo fue más allá de los pronunciamientos y llevó a la práctica sus convicciones sufragistas al lanzar su propia candidatura a una diputación federal por un distrito electoral de la capital del país en las elecciones para presidente y legisladores locales que se convocaron al día siguiente de la proclamación de la carta constitucional. La agrupación Juventud Femenil Revolucionaria lanzó su candidatura y el día de las elecciones, el segundo domingo de marzo de 1917, la candidata obtuvo algunos votos pero no alcanzó el triunfo. Siendo una personalidad conocida en los altos círculos políticos del constitucionalismo, se le reconoció el derecho a ser candidata; en cambio a sus adeptas no se les permitió ejercer el sufragio, de manera que los votos que recibió fueron de sus simpatizantes varones. Uno de ellos observó que la audacia de la candidata no sólo fue una muestra de la capacidad de las mujeres, sino un augurio de ese “futuro halagador de México, cuando hombres y mujeres se confundan fraternalmente en las labores silenciosas del gabinete o en las reuniones tumultuosas de la plaza pública, pues para ello tienen derecho ambos sexos”.

Galindo pudo contender en elecciones porque la redacción del artículo 34 de la Constitución era ambigua; se refería al ciudadano como sujeto universal masculino, sin excluir directamente a las mujeres. Esa ambigüedad se resolvió al año siguiente cuando la Ley Electoral Federal estableció que el sexo masculino era un requisito para participar en elecciones. Si la ley de 1918 puso fin a las aspiraciones femeninas de ocupar cargos de representación popular en comicios federales, no evitó que el voto femenino se legislara en algunas entidades, que Yucatán tuviera tres diputadas y una regidora o que Iguala, capital del estado de Guerrero, tuviera una presidenta municipal durante el gobierno de José Inocente Lugo.

Tanto Hermila Galindo como Elvia Carrillo Puerto colaboraron con Salvador Alvarado en los congresos feministas de Yucatán que reunieron a profesoras de escuela primaria para discutir el sufragio femenino, entre muchos otros asuntos. El tema del voto suscitó feroces discrepancias entre las congresistas y, a final de cuentas, prevaleció la opinión de que la participación de las mujeres en elecciones municipales era aceptable, no así en los niveles estatales y federales. El argumento esgrimido fue que las mujeres carecían aún de la preparación necesaria para intervenir en asuntos políticos más amplios. Dicha  postura fue objeto de una aguda crítica de parte del tabasqueño y también constitucionalista José Domínguez Garrido (quien, por cierto, tuvo aspiraciones al gobierno de su estado natal, pero fue derrotado por Tomás Garrido Canabal, su primo hermano). Para Domínguez Garrido la falta de preparación no era una carencia exclusiva de la población femenina, sino un mal común a hombres y mujeres, por lo que era injustificable que sólo a ellas se les negara el derecho del voto.

La insuficiente preparación de las mujeres fue un argumento recurrente para restringir, posponer o rechazar el voto femenino. Por más que hubo voces como la de Hermila Galindo, Domínguez Garrido, Lázaro Cárdenas o Ester Chapa, que defendieron la igualdad de derechos ciudadanos para hombres y mujeres, las posturas gradualistas y aquellas a favor del sufragio femenino restringido predominaron en la elite posrevolucionaria. Las posturas gradualistas admitían la igualdad ciudadana entre hombres y mujeres como un principio abstracto de justicia social, pero consideraban necesario postergar el reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres hasta que estuvieran preparadas para ejercer el voto. Nunca quedaba claro en qué consistía esa preparación: ¿se trataba de adquirir un cierto grado de escolaridad o de sostener una postura afín al gobierno? Mucho menos se precisaba en qué radicaba la preparación de la población masculina para ejercer el sufragio. 

El voto restringido limitaba el derecho a un sector de la población femenina que cumpliera ciertos requisitos de edad, educación o situación civil. Fue defendido como una medida estratégica y temporal que paulatinamente llevaría a la ciudadanía igualitaria. El pragmatismo político llevó a que el voto restringido fuese aceptado incluso por feministas convencidas de la igualdad de derechos electorales para mujeres y hombres, como lo era Hermila Galindo, quien presentó al Congreso Constituyente una petición de sufragio restringido a las mujeres que desempeñaran alguna actividad laboral remunerada en el comercio, la industria, la administración pública o aun en la ciencia. A su vez, Margarita Robles de Mendoza, que había  sido una igualitarista feroz, impulsó una postura gradualista respecto al sufragio femenino. Siendo secretaria de Acción Femenil del Partido Nacional Revolucionario (PNR), declaró que dar el voto a las mujeres sería una “peligrosa ligereza” que podría llevar al país a un “extravío revolucionario”.

Paradojas del sufragio femenino

Las reformas de San Luis Potosí y Tabasco establecieron el voto femenino, pero negaban el derecho al voto a las mujeres analfabetas y a las creyentes. El decreto de Rafael Nieto, del 8 de enero de 1923, reconocía el derecho al voto municipal y estatal a las mujeres que supieran leer y escribir y que no fueran miembros de una congregación religiosa ni hubieran hecho estudios en una escuela confesional, requisito que no existía para los hombres. En Tabasco el decreto de Garrido Canabal, del 14 de marzo de 1925, era más restringido: otorgaba el voto municipal sólo a aquellas mujeres con una moral sexual intachable y pensamiento socialista; establecía que las mujeres podían ser regidoras, siempre y cuando no ocuparan más de la mitad de las regidurías y ni la presidencia municipal. El caso de Chiapas fue diferente, la reforma del 11 de mayo de 1925 establecía el sufragio femenino universal y la exposición de motivos sostenía, entre otros puntos, que la falta de preparación de las mujeres para votar, tantas veces aducida, se debía a que la población femenina no había tenido oportunidades para ejercer el sufragio.

En el siglo XX ya no era muy frecuente invocar la menor inteligencia de las mujeres para desautorizar su participación política, pero entre la elite revolucionaria se insistía en que las mujeres eran más susceptibles que los hombres de caer bajo la influencia de la iglesia católica y votar por intereses clericales. El conservadurismo político atribuido a las mujeres, utilizado como argumento para negarles el voto, cobró fuerza a raíz de su participación en el movimiento cristero, ya sea desde sus hogares o en agrupaciones como las brigadas Santa Juana de Arco, organización militar clandestina dedicada a procurar dinero, provisiones, informes y municiones a los combatientes cristeros, además de ocultarlos de la persecución de las fuerzas del gobierno, o en protestas como la impulsada por la Unión de Damas Católicas cuyas simpatizantes se enfrentaron con piedras a los soldados que intentaron clausurar la iglesia de la Sagrada Familia, en la ciudad de México. La intervención de la madre Conchita en el asesinato de Álvaro Obregón, de la que la prensa dio cuenta con amplitud, también alimentó la idea de que las mujeres solían tener una postura política más conservadora y afín a la Iglesia que los hombres.

La visibilidad de las mujeres que apoyaron al candidato oposicionista José Vasconcelos postulado por el Partido Antirreleccionista en el decisivo año de 1929 —cuando el recién surgido Partido Nacional Revolucionario lanzó a Pascual Ortiz Rubio— aglutinó el apoyo de profesoras de distintos niveles educativos cuya admiración se había ganado Vasconcelos cuando fue rector de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública. Las maestras vasconcelistas, en general, no eran conservadoras ni tenían posturas clericales sino eran profesoras al servicio del Estado laico: Adelina Zendejas se definía como comunista y Elena Torres era liberal, aunque creyente. El apoyo femenil que tuvo el candidato Vasconcelos era de mujeres urbanas de clase media; algunas simpatizaban con su promesa de campaña de establecer el voto femenino de manera inmediata, y otras, como Antonieta Rivas Mercado, juzgaban adecuado que el sufragio femenino prosperara en Estados Unidos, pero consideraba que en los países latinos la intervención política de las mujeres se daba mejor desde los papeles sociales tradicionales de la esposa y madre en apoyo a sus maridos e hijos. Por su parte, el PNR estableció una Secretaría de Asuntos Femeniles y se declaraba partidario del sufragio femenino con una postura gradualista, es decir, que no rechazaba, en principio, la justicia de reconocer el voto femenino, pero aseguraba que las mujeres aún no estaban listas para obtener los derechos electorales. 

Acaso el momento más representativo de la paradoja que envolvió la cuestión del sufragio femenino sea la aprobación de la reforma a los artículos 35 y 115 de la Constitución en 1938 y su virtual cancelación ante las elecciones de 1940. A pesar de ser completamente legal, la reforma no llegó a publicarse como era debido y, por la tanto, no entró en vigor ni las mujeres adquirieron los derechos de ciudadanía en ese momento. Semejante irregularidad se puede explicar porque si bien el presidente Lázaro Cárdenas promovió el voto de las mujeres, a final de cuentas abandonó su postura a favor del sufragio femenino pues cedió ante el temor de que las mujeres inclinaran la balanza electoral a favor del candidato opositor Juan Andreu Almazán, quien competía contra Manuel  Ávila Camacho.

 En la víspera de las elecciones Cárdenas rectificó su postura sufragista, que se sustentaba con un discurso radicalmente igualitario hasta entonces casi desconocido en el país (su único antecedente es la reforma de Chiapas). Según Salvador Novo, “a Cárdenas le parecía muy natural y muy justo que las mujeres votasen”, sin embargo, el presidente se convenció de que el voto femenino representaba un riesgo para la continuidad del régimen, por lo que avaló la decisión de evitar la publicación, en el Diario oficial, de la reforma del sufragio femenino. Almazán tuvo las simpatías de algunas activistas quizás porque incluyó el sufragio femenino en su plataforma política, como antes lo había hecho Vasconcelos (y años después lo haría Miguel Henríquez Guzmán, quien contendió como candidato a la presidencia contra Adolfo Ruiz Cortines).

Para la década de los cincuenta la mayor parte de los países de América Latina habían establecido el sufragio universal femenino. México era signatario de la Carta de los Derechos Humanos que establecía de manera explícita la igualdad de hombres y mujeres, por lo que era una flagrante inconsecuencia haber reconocido el voto femenino sólo en el nivel municipal y mantener a las mujeres al margen de los derechos electorales estatales y federales, cuando el gobierno se había comprometido con la igualdad entre los sexos en foros internacionales.

 El sufragio femenino fue una promesa de campaña del Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI a la presidencia, lo que auguraba que la ciudadanía de las mujeres se volvería una realidad con Amalia de Castillo Ledón como la cara más visible de un sufragismo moderno, femenino y sin estridencias y que exaltaba la dedicación maternal y hogareña como la mayor virtud femenina.

La efeméride del sufragio femenino podría celebrarse el 6 de octubre cuando el Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales o el 13 de octubre, fecha en que el presidente Ruiz Cortines emitió el decreto correspondiente. Sin embargo, conmemoramos la publicación en el Diario oficial, del sábado 17 de octubre de 1953, con la que ahora sí ya no hubo vuelta atrás en la legislación del sufragio femenino universal. La igualdad de derechos para las mujeres tuvo sobre todo un peso simbólico, pero cambió poco la vida de las mayorías femeninas del país. n

 

Gabriela Cano. Investigadora y profesora  de El Colegio de México y la UNAM. Es autora de Se llamaba Elena Arizmendi.