Uno de los pasivos de nuestra vida política e intelectual está en la incapacidad para, siquiera, convenir en qué consistió, cuándo empezó y cuál fue el desenlace de la transición a la democracia. Ricardo Becerra hace este llamado de atención precisamente a 30 años del comienzo de la ruta que hizo que las elecciones auténticas y competidas fueran parte del paisaje normal del México que vivimos.

El 19 de diciembre de 1977 fue votada en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (la famosa LOPPE). Su concepción, elaboración, negociación, discusión y aprobación, marcan el inicio de la transición democrática de México, hace exactamente 30 años.

Fue un acontecimiento histórico en el sentido más profundo, pues configuró la realidad política durante las siguientes dos décadas, tiempo suficiente para volverse, a pleno derecho, un periodo histórico (1977-1996). Toda la política —todos los conflictos políticos— acabaron metabolizados por los formatos y los usos que aquella reforma diseñó y propició. Decenas de partidos políticos se formaron y compitieron al amparo de la nueva legalidad, protagonizaron elecciones competitivas, exigieron reformas electorales, escenificaron largos debates que preparaban nuevos cambios, un ciclo que en su machacona repetición (en su “mecánica”) disolvió el autoritarismo del antiguo PRI y desembocó en una nueva realidad política (rijosa, a ratos vulgar o hemipléjica) pero abierta, libre, competida… simplemente democrática.

La transición democrática de México fue el proceso político fundamental de una época, tan importante como la transición demográfica y notablemente más exitoso que el cambio en el modelo económico. A su amparo, una sociedad plural y en permanente modernización encontró un nuevo edificio para contener y desplegar su conflictiva diversidad. Ocurrieron decenas de novedades democráticas nunca vistas en México (como un gobierno de izquierda en la capital del país o la natural multiplicación de gobernadores y presidentes municipales de distinto signo en casi todo el territorio nacional). Y mediante las costumbres que la transición cultivó, el país presenció de forma “sueca”, el traslado ordenado y pacífico del poder presidencial desde una fuerza que lo había ocupado por 70 años, y la adquisición de independencia y división de poderes tal y como lo manda el orden constitucional.

La flecha se dispara

Una cierta lectura mira al año de 1968 como el arranque del proceso democrático de México; incluso otra hermenéutica, más conservadora, ubica su origen en 1963. Sin embargo, ninguna de esas fechas arranca procesos transicionales, ninguna dura, ni construye salidas francas ni alcanza el potencial de transformación que es propio de una transición.

Después de esas fechas, luego de cortos avances, la democratización se estancó. El Partido Acción Nacional, con Christlieb Ibarrola a la cabeza, pudo negociar la alambicada idea de “diputados de partido” en la primera mitad de los sesenta, pero la operación tuvo efectos muy limitados en la representación nacional, apenas y fortaleció a los partidos políticos existentes y, eso sí, mantuvo el sistema bien cerrado (PRI, PAN, PPS y PARM fueron los únicos habitantes de la vida política durante 15 años). Esa reforma tuvo tan corto alcance que el propio PAN acusó un peligroso debilitamiento en 1976, fecha en la cual no pudo siquiera presentar candidato presidencial a la contienda.

1968, por su parte, fue una impresionante demostración de modernidad política y cívica pero tampoco pudo edificar un punto de partida para un proceso de democratización política. La apertura que le siguió, propuesta por Luis Echeverría, fue un artilugio de mago, una posposición, una manera de disfrazar la cooptación tradicional, al mismo tiempo que enfrentó la disidencia y la inconformidad con la fuerza y la ilegalidad.

El ostensible fracaso de la “apertura” echeverrista era el punto de partida de Jesús Reyes Heroles, ideólogo indiscutido de aquella reforma. El primero de abril de 1977, en Chilpancingo, definió así el contenido inminente del cambio político: “…que el Estado ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación… abrir los órganos de la representación a esas corrientes para fortalecer al Estado y no mantenerlas fuera, en una repulsa y asedio que desgasta y que invoca al México bronco…”.(1)

O sea: aquella reforma contuvo una apuesta para la liberalización (afirmación de libertades civiles, protección a la libertad de expresión, amnistía), pero simultáneamente ofrecía democratización, cambio en las estructuras políticas del Estado para albergar a todos los distintos, incluso a los clandestinos, mal vistos por la cultura política de entonces.

Pocos días después (14 de abril) el presidente López Portillo decreta una amnistía a los presos políticos y confirma la convocatoria a una serie de audiencias públicas, invitando a organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos en general a presentar sus posiciones; siete días más tarde el debate comenzaría y la negociación paralela —en varias pistas— también (con los propios sectores priistas, con el PAN, con los empresarios y, sobre todo, con el aún ilegal Partido Comunista).

¿Qué se ventiló en esas negociaciones y quiénes fueron los interlocutores habilitados? ¿Cuáles los cálculos, las apuesque tas, los argumentos, incluso los miedos que se barajaban en aquellas conversaciones? Todavía hoy no lo sabemos más que de manera fragmentaria, hemerográfica, a través de los recuerdos de sus protagonistas supervivientes, pero el punto es que la documentación profesional del inicio de un proceso crucial sigue siendo una asignatura pendiente para la historiografía nacional (un contraste notable, si nos comparamos con la producción histórica que la transición española produjo, por ejemplo).

Aquella magna operación política se elaboró a través de cinco contenidos esenciales (legitimidad y protección constitucional a los partidos; los que, por primera vez, accedieron a financiamiento público; fácil entrada a la contienda electoral para las fuerzas políticas con trayectoria probada —el registro condicionado—; introducción de la representación proporcional —100 diputados, la cuarta parte de aquel Congreso—; y nacionalización del registro para que los partidos reconocidos por el poder federal pudieran asistir, sin más trámites, a las elecciones locales y municipales). Esas fueron las bases de una nueva representación nacional, de una nueva competencia política y, sobre todo, de una nueva vida pública. Con esa reforma, el proceso expansivo de la democracia ya no cesaría, ya no se detendría y derivaría en una realidad política nueva. (2)

¿Y cuándo terminó? (sin darnos cuenta)
Pero ¿cuando acabó la transición? ¿Dónde puede colocarse la mojonera histórica entre el antes y el después del autoritarismo? Se puede recurrir a los clásicos: dicen Linz y Stepan que la transición puede considerarse concluida “cuando ningún grupo político significativo intenta seriamente derribar el régimen democrático o promover la violencia doméstica o internacional para separarse del Estado. Cuando se llega a esta situación, el comportamiento del nuevo gobierno democrático surgido después de la transición ya no está dominado por el problema de cómo evitar el quiebre de la democracia… En cuanto a las actitudes, la democracia se convierte en the only game in town cuando, incluso frente a crisis políticas y económicas severas, la abrumadora mayoría de la población cree que cualquier cambio político posterior debe surgir de entre los parámetros de los procedimientos democráticos. En términos constitucionales la democracia se vuelve the only game in town cuando todos los actores de la comunidad política llegan a habituarse al hecho de que el conflicto político dentro del Estado será resuelto de acuerdo a las normas establecidas y que las violaciones a esas reglas probablemente serán inefectivas y costosas. En pocas palabras, en la consolidación la democracia se rutiniza y se internaliza profundamente tanto en la vida social, institucional y psicológica, como en los cálculos políticos”(3). Algo así ocurrió en México desde 1997 (con la extática excepción de López Obrador en 2006).

Przeworski es todavía más conciso y elocuente: “La transición concluye cuando quienes acaban de perder el poder político desean volver a competir y recuperarlo bajo las mismas reglas con las que lo perdieron” (4). Hasta el año 2006, el PRI no impulsó un cambio en esas reglas, siguió compitiendo en el marco de las leyes pactadas en el periodo de transición y se sujetó a sus veredictos y resultados durante tres elecciones consecutivas. Por eso resulta muy preciso decir que, desde 1997, en México la transición terminó.

¿Y los historiadores?
A pesar de su inocultable importancia de que su lógica determinó la vida política en México, la transición democrática es una de las cosas peor comprendidas en México. Una multitud de visiones interesadas, la importación académica de modelos “clásicos” como corsés de entendimiento y la incesante lucha política que devora la genuina reconstrucción histórica, han dificultado la interpretación de aquel proceso, cuyas consecuencias vivimos ahora con toda intensidad.

Por eso sostengo que los historiadores tienen una gran deuda con ese periodo (5) pues muchas cosas, muchos pasajes, muchas conjeturas quedan por ser demostradas, dilucidadas, aparte de la forma subjetiva, biográfica, en que los actores vivieron sus propias apuestas y rupturas. Todavía hoy la academia norteamericana deambula con una tesis casi marxista, según la cual el proceso de liberalización económica imprimió el impulso inicial de la democratización de México. ¿Acaso no es más cierto lo contrario: que el cambio político de México fue bastante autónomo respecto a los cambios económicos, que tuvo un diseño en otro espacio y con otra lógica? ¿Cuáles fueron los impactos verdaderos de las crisis económicas (1982, 1986, 1994) en el ánimo de millones de votantes? ¿Y qué pasó con la actuación estrábica de la izquierda mexicana durante la transición? ¿Por qué si el FDN protagonizó el desafío electoral más importante en 1988, no pudo capitalizarlo, no pudo hacer sentir su peso, determinar políticas públicas, y por qué al cabo regresó al margen, a votaciones cercanas al 15%? ¿Por qué no pudo desarrollar un diagnóstico y una estrategia coherente en ese momento crítico? ¿Por qué la derecha política, de la mano de Castillo Peraza, sí lo hizo, y cuáles son los costos de ese fracaso para la propia izquierda y para el curso general del tránsito?

Por otro lado, ¿qué implicó para nuestra cultura política el hecho de que la transición no estuviera nunca bajo la amenaza de las fuerzas armadas, como espantajo, ni miedo para la acción política real? ¿Por qué la transición mexicana ya nunca pudo elaborar un programa de mayor alcance, fuera de lo electoral? ¿Por qué el cambio de régimen se volvió un tema, hasta 20 años después? ¿Por qué nunca introdujo temas de seguridad y de redistribución económica, tan sustanciales en las transiciones democráticas de otras latitudes? ¿Qué consecuencias ha traído para la dinámica política la mala costumbre de las negociaciones urgentes, salvadoras, en la situación límite, sea el rompimiento del PRI en 1986, el escándalo de 1993, el alzamiento zapatista de 1994?

Sí, es un reclamo a los profesionales de la historia, porque creo que a México le hace falta una reconstrucción rigurosa de su pasado político reciente. Es más, sostengo que la falta de una visión compartida de ese periodo —de transición democrática—, es uno de los vacíos más significativos de la vida pública e intelectual de México. La ausencia de esa visión es hoy un problema político, pues quien no sabe de dónde viene, ni cuál es la estación histórica que ocupa, difícilmente puede plantearse los objetivos apropiados y mirar el futuro.

Puede ser que la transición democrática sea un hecho demasiado reciente (y por lo tanto, todavía no historia), pero es uno de los mayores cambios del siglo XX en México, asombroso, entre otras cosas, porque no se despeñó en la violencia. Su proceso, sus detalles vividos, siguen esperando la reconstrucción profesional, la recreación exacta de una época, ésa que sólo puede venir de la mano del historiador.

NOTAS

1 Discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles en la sesión solemne en que el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, rindió su segundo informe de gobierno ante la XLVIII legislatura de esa entidad, en Reforma Política, tomo I, Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, abril-agosto de 1977, p. XI.
2 Véase Ricardo Becerra y José Woldenberg, “La transición democrática de México: una celebración”, Este País, núm. 121, abril de 2001.
3 Juan Linz y Alfred Stepan,“Hacia la consolidación democrática”, en La Política. Revista de estudios sobre el Estado y la sociedad, Madrid, 1996, p. 31.
4 Adam Przeworsky, Democracia y mercado, Madrid, 2000, p. 135.
5 De hecho, el único intento de reconstrucción completa del periodo de transición no está hecho por historiadores, sino por un sociólogo, un abogado y un periodista: La mecánica del cambio político de México, Cal y arena, 2000.