México enfrenta una grave crisis de seguridad. De continuar su ritmo de crecimiento, podría debilitar al Estado irremediablemente. Más allá del impacto para la población mexicana, cualquier deterioro en la estabilidad de México crearía un vacío regional de consecuencias incalculables, en especial para Estados Unidos.

Contrario al manejo tradicional —dictado por razones políticas— el problema del narcotráfico es un problema de demanda, no de oferta. Es más fácil recriminar a quienes distribuyen drogas que a quienes las consumen, pero lo cierto es que los primeros únicamente proveen un servicio a los segundos. La más básica ley de mercado indica que la demanda para un producto creará la oferta. México comparte miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos —el mayor mercado de drogas ilegales del mundo, con más de la mitad de la demanda global— y es la única vía de acceso desde el sur.

La ONU estima que existen alrededor de 55 millones de consumidores de droga en Estados Unidos.1 Cálculos sumamente conservadores del consumo y precio promedio de las drogas arrojan un estimado del mercado de entre 55 y 80 mil millones de dólares al menudeo. Los precios al mayoreo sugieren un ingreso para los cárteles mexicanos de entre 15 y 20 mil millones de dólares.2 Esto sin considerar que los cárteles han incrementado su control del menudeo.3 Un mercado de estas dimensiones no permanecerá desatendido. Menos aún considerando que los consumidores están dispuestos a absorber altos incrementos de precio antes de disminuir su consumo. El margen de acción que esto da al crimen organizado es amplísimo.

En contraste, el presupuesto federal programable destinado a seguridad en México en 2009 —después de aumentos considerables con respecto a 2008— se fijó en 102 mil millones de pesos, equivalentes a algo más de siete mil millones de dólares.4 Las asimetrías son obvias. Aunado a esto, los cárteles han incrementado su disposición a recurrir a la violencia abierta. Esto es más una causa que un efecto del despliegue del ejército. En los últimos años se han registrado incursiones de cárteles sudamericanos en territorio mexicano, disputando rutas de distribución con los mexicanos. Asimismo, en parte como resultado del crecimiento de un mercado de consumo local en México, pero también como una consecuencia no deseada de las tareas del ejército, ha incrementado el número y atomización de organizaciones delictivas, incrementando la competencia entre ellas.


¿Colapso súbito del Estado?

El fenómeno del “colapso súbito de un Estado” ocurre cuando un Estado que aparenta solidez pierde legitimidad abruptamente, desmoronándose de la noche a la mañana. Hay ejemplos recientes en Europa Oriental y Asia Central. En términos burdos, estos colapsos se dan cuando una proporción importante de una sociedad pierde su confianza en el Estado de forma coordinada. Es decir, no es suficiente que muchos ciudadanos piensen que el Estado no se puede sostener. Lo importante es que los ciudadanos piensen que la mayoría de las personas perdió su confianza en el Estado. Esta clarificación es compleja, pero importante.

De cierta forma, un Estado puede ser comparado con un banco. No existe un solo banco que resista un retiro masivo de depósitos. Si un número suficiente de clientes sospecha que el banco puede quebrar y, en anticipación, decide retirar sus depósitos, a través de sus acciones generará la quiebra del banco. Lo importante aquí es que para que un cliente decida retirar su dinero no tiene que estar convencido de la debilidad del banco, simplemente necesita creer que hay un número suficiente de otros clientes que piensan que va a quebrar. Las instituciones del Estado operan de forma similar. Al igual que un banco, un Estado no puede sostenerse si suficientes ciudadanos actúan bajo la creencia de que el Estado va a colapsar. Esto explica que incluso los Estados más autoritarios tengan tal pavor de la información. Mientras la ilusión de poder absoluto se mantenga, el Estado puede sostenerse, pero si suficientes ciudadanos coordinan su desacuerdo pueden derrumbarlo.5

Dicho de otra forma, las instituciones funcionan a través de expectativas, pero estas expectativas operan en varios niveles. Por ejemplo, un conductor que ve un semáforo en rojo sabe que eso significa que debe parar. Él preferiría continuar, sin embargo, tiene la expectativa de que la conductora que tiene el verde continuará sin parar y por lo tanto es mejor detenerse. Más aún, el conductor que tiene el rojo piensa que la otra conductora tiene la expectativa de que él se detendrá y por lo tanto es lógico que ella continúe. Por su parte, la conductora que ve el verde piensa que el conductor que ve el rojo se detendrá, en parte porque él espera que ella continúe. Esta sencilla coordinación de expectativas sobre las de los otros es lo que permite que una institución funcione.

El poder del Estado, en gran medida, es el resultado de una expectativa autorrealizada de los ciudadanos. El poder es otorgado al Estado por los ciudadanos al mismo tiempo que éste lo acumula a través de sus acciones. De tal forma, el poder del Estado tiene dos componentes, uno real y uno ilusorio. El real se refiere a las instituciones para ejercer el poder, tales como la fuerza pública y las leyes. El ilusorio se refiere a la confianza que la ciudadanía otorga a esos instrumentos y el poder que acompaña a esa confianza. Esta interacción entre el poder real y el ilusorio explica la necesidad de los rituales institucionales: todos aquellos en los que el Estado muestra su legitimidad o fortaleza y los ciudadanos —de forma pública— lo refrendan, coordinando así sus expectativas mutuas. El equilibrio entre ambos componentes, sin embargo, es frágil. Esto explica, por ejemplo, que los regímenes autoritarios dependan más de los rituales institucionales, como lo ilustra el reciente festejo del aniversario del comunismo chino.

Mientras un ciudadano —aun aquel que no confía en el Estado— piense que la mayoría de sus connacionales apoya el poder del Estado, no tendrá ningún incentivo ni razón para cuestionarlo, el poder real del Estado es mayor que cualquier subgrupo de ciudadanos. El problema no ocurre sólo cuando suficientes personas dudan del poder del Estado. Ocurre cuando suficientes personas dudan de la confianza general en el poder del Estado. En ese momento, si un mecanismo logra coordinar esas dudas generales, el poder del Estado puede desmoronarse.

Analicemos el caso de México. La definición más básica del Estado es quien ejerce el monopolio efectivo de la fuerza. Hoy el Estado mexicano está siendo retado de forma directa y creciente en ese monopolio. En casos puntuales, el crimen organizado ha impuesto su fuerza de forma paralela a la fuerza pública. Las declaraciones del presidente Calderón afirmando el control sobre el territorio nacional son parcialmente ciertas, pues gracias a la contundencia del ejército los cárteles no han prevalecido en ningún sitio. Son sólo parcialmente ciertas pues el control sí está en abierta disputa en varios lugares.

La estrategia de batalla del crimen organizado se está librando con armas en las calles. Pero también incluye un esfuerzo sistemático por debilitar al Estado. ¿De qué otra forma podemos explicar una organización clandestina que publicita sus actos criminales? ¿Qué otra función podría tener el simbolismo y posicionamiento estratégico de las ejecuciones? ¿Cómo podemos explicar los narcobloqueos? ¿No busca un criminal ante todo permanecer en la clandestinidad? No cuando el objetivo es la desestabilización de las instituciones. No cuando el objetivo es acabar con la legalidad para operar sin trabas. No cuando el objetivo no es simplemente evitar ser capturado por un ilícito sino poder realizarlo abiertamente. Hoy el crimen organizado busca, en parte a través de la cobertura mediática, generar la impresión generalizada de que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Busca generar la creencia de un crimen organizado omnipotente. Busca crear una incertidumbre general que debilite al poder del Estado y, por lo tanto, su habilidad para imponer la legalidad. No importa si el índice de criminalidad en México es objetivamente superior o inferior al de otros países o épocas. Si suficientes ciudadanos piensan que nadie confía en las instituciones, el Estado se debilitará —quizá irremediablemente—. En este sentido, quienes han criticado al gobierno mexicano por “golpear el avispero” al declarar la guerra al narcotráfico están asumiendo equivocadamente que existían alternativas. Cuando la legitimidad de un Estado se cuestiona de forma tan directa, no existe opción más que responder con todos los recursos disponibles.

Es en este contexto que podemos entender la complejidad de la situación actual. Es cierto que México cuenta con un marco institucional sólido, funcional, que ha superado una serie de crisis importantes.6 Sin embargo, no todas las instituciones mexicanas presentan la misma solidez. Más aún, muchas de ellas han sido golpeadas por el proceso político reciente. Por ejemplo, encuestas recientes resaltan que instituciones como la democracia, el Congreso, los partidos políticos y el sistema judicial —incluso la Iglesia— han sufrido una pérdida importante de credibilidad. Por si fuera poco, el país está sumergido en una crisis económica mundial de duración y profundidad impredecibles. Precisamente en este momento de redefinición institucional y debilidad económica México enfrenta una guerra sin cuartel que ataca no al ejército, no a las policías federal y locales, no al mandato del PAN ni al gobierno federal sino a la estructura institucional, a la sustentabilidad del país. En cualquier momento y para cualquier país, librar una guerra de esta dimensión y complejidad implicaría un alto riesgo. En este momento histórico, para México, implica un riesgo crítico.

Ante este riesgo es importante acotar los objetivos de la lucha y los elementos necesarios para librarla. Primero, si lo que se busca con la lucha actual en México es erradicar el narcotráfico podemos desde ya declarar la derrota. El mercado es demasiado grande, los recursos generados son infinitos y, por si fuera poco, los enemigos no son los cárteles sino los ciudadanos que, con su consumo, alimentan su poderío. Contamos, además, con cien años de evidencia que muestran la ineficacia de esa estrategia. El único objetivo posible de esta guerra, por lo tanto, es acotar al crimen organizado. El objetivo es limitar su margen de maniobra para que no amenace directamente a las instituciones o a la seguridad pública.


¿La guerra es ganable?
Dadas las fortalezas estructurales de México, la guerra —en su definición más humilde— es ganable, pero no con la estrategia actual. La realidad es que si el gobierno federal apuesta la victoria solamente al esfuerzo del ejército y el aparato de seguridad pública, existe un riesgo real de que la situación continúe empeorando hasta crear vacíos irremediables. La tendencia, contrario a la versión oficial, no es prometedora. El gobierno federal no cuenta con los recursos ni la fortaleza institucional para librar esta lucha solo. Necesita ampliar su lucha en cuando menos tres frentes.

Primero, esta guerra no tiene sentido sin el apoyo absoluto de Estados Unidos —y la comunidad internacional—. El flujo de norte a sur de efectivo —acompañado del flujo de armas— garantiza que el Estado mexicano continuará rebasado por el crimen organizado. No estoy siendo pesimista. Es un simple ejercicio de matemáticas.

Por esto, aunque es bien recibido el cambio en retórica mostrado por Hillary Clinton en sus visitas a México, este cambio tiene que venir acompañado de apoyo tangible —mucho más tangible que los tres helicópteros o los 800 millones de dólares ofrecidos— en cuando menos tres líneas distintas. La primera y más inmediata es apoyo económico, de inteligencia y de tecnología. La segunda es ejercer un control real sobre el tráfico de armas.7 La tercera es aceptar abiertamente tanto la dimensión del problema como la absoluta ineficacia de la metodología de combate actual. Cambiar la retórica alrededor del narcotráfico de ser un tema de seguridad a ser un tema de salud pública es un buen comienzo para aceptar la raíz real del problema: el consumo —y no el tráfico— de droga en Estados Unidos. Aunque no está claro qué tipo de soluciones resultarían del cambio de retórica, sí está claro que abriría una lista más amplia —y honesta— de opciones. Éste no es sólo un compromiso ético o moral. El riesgo que implica para Estados Unidos un deterioro en la situación mexicana es incuantificable.

El segundo frente a ampliar por el gobierno mexicano es el fortalecimiento institucional. El gobierno no tenía más opción que responder al reto del crimen organizado con contundencia. Sin embargo, esta guerra no se remite a un ejercicio de fuerza sino que ataca la institucionalidad misma del Estado. Es, por lo tanto, una apuesta irresponsable apoyarse sólo en el ejército —la única institución que conserva la confianza de la población— para librar la lucha. Hoy el gobierno está utilizando la totalidad de su poder real para responder al crimen organizado y la contundencia de este poder no ha sido definitiva. Si el gobierno federal no acompaña su despliegue de fuerza con un fortalecimiento claro y reconocible de las demás instituciones que lo componen —y que hoy han perdido credibilidad entre la ciudadanía— corre un riesgo doble. Por un lado, da legitimidad a los ataques directos emitidos por el crimen organizado. Cuando, por ejemplo, una “narcomanta” sugiere que un jefe de policía o un juez apoya a un cártel, ¿no está construyendo sobre una imagen bien cimentada en la conciencia ciudadana? ¿Cuánto puede crecer esta desconfianza sin llegar al punto de quiebre? Adicionalmente, la ciudadanía apoya al gobierno en gran medida por la confianza que tiene en el ejército. Alargar la lucha expone al ejército a aparecer por momentos vulnerable o falible. Esto aumenta el riesgo de que la ciudadanía pierda su confianza en la última institución que respeta.

De aquí la importancia de que el gobierno federal dé prioridad al fortalecimiento —en algunos casos el replanteamiento— del marco institucional. Por esta razón resulta aún más inexplicable la tibieza con la que la administración de Calderón ha respondido a los retos lanzados contra ciertas instituciones por actores del sector público y privado. Durante el sexenio se han presentado innumerables oportunidades de actuar con fortaleza institucional, cada una de las cuales ha sido evadida. El titubeo mostrado ante los embates de las televisoras, la debilidad evidenciada ante el SNTE, la cobardía ante los desafíos de Telmex y los nombramientos en el gabinete en términos estrictamente partidistas son sólo algunos ejemplos de oportunidades para dar un espaldarazo a las instituciones que han sido perdidas por una inaceptable miopía, subestimación o negligencia.

El tercer frente se deriva del segundo y tiene que ver con la coordinación del Poder Ejecutivo con los demás actores políticos y económicos de México. Es inadmisible la miopía, mezquindad e irresponsabilidad con la que frecuentemente se han conducido tanto los partidos de oposición como los principales poderes económicos del país, incluidos los medios.8 Varios actores del país —tanto del sector privado como del público— han apostado a un gobierno debilitado o incluso derrotado como la forma de lograr sus objetivos. Quien hace esta apuesta juega a la ruleta rusa y muestra su ignorancia sobre la historia reciente. Los países en que las instituciones han colapsado muestran que después del derrumbe es prácticamente imposible construir un marco nuevo en un plazo corto o mediano. Los vacíos generados por la incertidumbre son tan grandes que se generan distorsiones con costos terribles para una sociedad. Existen ciertos casos en los que los abusos de un régimen autoritario podrían justificar los costos. Es difícil sostener ese argumento en México.

Las instituciones mexicanas cuentan con la estructura para enfrentar esta crisis. Al mismo tiempo, no podemos subestimar la gravedad del momento o asumir que la lucha librada por el ejército será suficiente. No elegimos esta guerra, no elegimos ser el único corredor de acceso al mercado americano. Pero sí hemos elegido permanecer pasivos ante el desmoronamiento institucional, cegados por la miopía.

La única salida es mostrar un frente unido que incluya al gobierno federal, a los actores políticos y económicos, a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la comunidad internacional —empezando por Estados Unidos—. Sólo es posible con el liderazgo —hasta ahora ausente— de un gobierno federal con incuestionable convicción institucional. No olvidemos que, al final del día, los cárteles son organizaciones de negocios que saben evaluar costos y beneficios. Ante un frente unido retomarán una posición acotada, remitida a la clandestinidad y al orden público.

Es posible que la situación mejore por sí sola. Parece más probable que, aprovechando un momento de debilidad y encontrando un frente dividido, el crimen organizado crezca su ofensiva, empeorando gradualmente la situación y buscando quizá empujar al Estado más allá del punto de quiebre. No podemos negar que esta estrategia ha dado resultados. El riesgo está ahí. El colapso del Estado mexicano es muy poco probable hoy, pero es cuando menos concebible en un futuro si la situación continúa su curso actual. Las consecuencias serían inimaginables para el continente americano. ¿Estamos dispuestos, realmente, a correr el riesgo?

Rodrigo Canales. Profesor asistente en la Yale School of Management.

Pies: 1 Dos millones de consumidores de heroína, nueve de cocaína, 24 de mariguana, cinco de metanfetaminas, tres de éxtasis —algunos de estos consumidores seguramente están repetidos entre los grupos, pero para efectos de estimación total del mercado es correcto contarlos por separado.

2 Las cifras se calcularon de varias formas llegando a estimados similares. Por un lado, se tomaron las cifras de uso estimadas por el equipo de trabajo de la Casa Blanca, el cual utilizó cifras conservadoras de cuatro reportes distintos. Por otro lado, como validación, asumí que el consumidor promedio de heroína consume 30 miligramos a la semana, medio gramo a la semana el de cocaína, tres “churros” a la semana el de mariguana, una dosis a la semana (100 miligramos) el de metanfetaminas o éxtasis. En cuanto a precios de mayoreo/menudeo, en dólares, son como sigue (de acuerdo a los estimados de la ONU): heroína 87 mil el kilo/172 el gramo; cocaína 30 mil 500 el kilo/122 el gramo; mariguana dos mil el kilo/15 el gramo; metanfetaminas 32 mil el kilo/110 el gramo; éxtasis 10 mil por mil tabletas/25 la tableta. Estas cifras no consideran los mercados de Canadá y de México que, aunque mucho menores, no son despreciables.

3 Como una muestra adicional, en fechas recientes la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) anunció que, durante la presente administración, en México se han decomisado y erradicado drogas por un valor de seis mil 670 millones de dólares, lo cual equivale a 29 mil 996 millones de dosis de enervantes. Considerando que estas incautaciones tuvieron un efecto relativamente modesto en el precio al menudeo de la droga, podemos concluir que nuestras estimaciones de mercado son en verdad conservadoras y probablemente subestiman la dimensión real.

4 Esta cifra incluye los presupuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional (42 mil millones), la Secretaría de Seguridad Pública (31 mil millones), la Secretaría de Marina (15.8 mil millones) y la Procuraduría General de la República (12.6 mil millones). No considero aquí los fondos adicionales destinados a seguridad a través de los gobiernos estatales o a través de los fondos especiales para la seguridad. El ejercicio sólo busca dimensionar los recursos de ambos bandos.

5 Para leer más sobre la coordinación de expectativas y su rol en el colapso de un Estado, así como los ejemplos presentados aquí, ver: Chwe, Michael Suk-Young, Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge, Princeton University Press, 2001, y Kuran, Timur, Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification, Harvard University Press, 1997.

6 Ver la nota de Enrique Krauze “La Evolución Mexicana”; Reforma, 29 de marzo de 2009.

7 El tráfico de armas de Estados Unidos a México ha sido un tema que ha recibido mucha atención. Es cierto que más del 90% de las armas que han sido incautadas provienen de Estados Unidos. También es cierto que este tráfico de armas es un arma de presión política al alcance del gobierno mexicano. Sin embargo, es importante recalcar que, de ser completamente frenado el tráfico de armas de Estados Unidos a México, los cárteles podrían comprar armas en los mercados negros internacionales, como hacen con ciertas armas como los lanzagranadas.

8 Los medios masivos de comunicación juegan un papel central en la coordinación de expectativas (y el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones). Ver, por ejemplo, Adut, Ari (2008), On Scandal: Moral disturbances in Society, Politics, and Art, Cambridge University press; Chwe, Michael Suk-Young (2001), Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge, Princeton University Press; Meyrowitz, Joshua (1985), No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior, Oxford University Press.