Durante el sexenio de Ernesto Zedillo ocupé durante algunos años la vicepresidencia de noticias de una empresa de televisión. El gobierno ejerció entonces una enorme presión a las televisoras para suspender los programas de nota roja que se habían multiplicado en las pantallas. El propio presidente hizo declaraciones públicas afirmando que esas emisiones hacían una apología de la violencia y promovían el crimen.

Yo había diseñado y puesto al aire un programa llamado Ciudad Desnuda, que obtuvo altos niveles de público y del cual surgió toda una generación de periodistas de televisión que hasta la fecha tienen papeles distinguidos en la industria. La televisora, sin embargo, decidió en 1997 aceptar las “recomendaciones” del gobierno y retirar del aire el programa.

Algún periodista me preguntó entonces mi opinión acerca de la decisión. Yo señalé que la lamentaba, pero añadí: “Si bien estoy triste por la pérdida de un programa exitoso de televisión, estoy contento por el país. Si es cierto, como dicen, que este programa estaba provocando el crimen, por lo menos habrá menos delincuencia en México a partir de hoy”.

El comentario no fue bien recibido en los círculos oficiales. La ironía no escapó a los funcionarios que estaban atentos a los medios. Pero lo interesante es que los mismos políticos que habían exigido el retiro de los programas de nota roja de la televisión, y que argumentaban que no estaban ejerciendo una censura sino simplemente protegiendo a la sociedad de sufrir más crimen, sabían que su razonamiento era falaz y que el retiro de los programas no tendría ninguna influencia sobre el crimen o sobre la violencia en las calles.

Ya no hay programas de nota roja en la televisión mexicana. Pero los noticiarios normales han dado a las notas sobre crímenes, y en especial a las que tienen que ver con las ejecuciones que se han vuelto tan comunes en el país, un lugar importante en sus espacios. Una vez más un presidente de la República, ahora Felipe Calderón, ha cuestionado a los medios por hacer apologías del delito o por hacerles el juego a los criminales. El presidente se mostró especialmente molesto con la revista estadunidense Forbes que colocó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en su lista de los hombres más ricos del mundo.

El tema no ha quedado ahí. El gobierno ha buscado de distintas maneras influir sobre la cobertura de los medios. En particular, ha pedido a los directivos de empresas de radio y televisión así como de periódicos que dejen de reportar el contenido de las mantas o carteles con mensajes que los grupos de la delincuencia organizada despliegan sobre distintas vías de comunicación o que colocan junto a personas ejecutadas. El argumento es que los medios les están haciendo el trabajo a los delincuentes al difundir mensajes que de otra forma muy pocos conocerían. La mayoría de los medios electrónicos o impresos han aceptado esta recomendación, pero algunos han seguido divulgando el contenido de estos narcomensajes.

De la misma manera, el gobierno mexicano ha venido expresando su molestia ante una cobertura en los medios internacionales que enfatizan las informaciones sobre crímenes. Lo dijo el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, de esta manera: “Hay un deterioro de la imagen de nuestro país en el exterior que se debe, básicamente, a la insistencia de algunos medios de comunicación a darle mucha importancia a todo lo que sucede en el país en materia de crimen organizado”.

Reconozco que padezco de una deformación profesional: soy periodista y el trabajo de toda mi vida ha sido el de difundir información, especialmente cuando las autoridades se resisten a que lo haga. Estoy convencido, sin embargo, que la divulgación de información sobre crímenes no promueve la comisión de delitos y que los medios de comunicación tienen obligación de dar a conocer cualquier información relevante que le interese al público, aunque sea sobre hechos criminales.

Si bien hay académicos que sostienen que la violencia en las pantallas provoca violencia en las calles, la experiencia práctica nos sugiere algo completamente distinto. Los factores que parecen incidir sobre el crimen y la violencia tienen más que ver con circunstancias sociales y culturales que con los programas de televisión. En todo Estados Unidos, por ejemplo, se exhiben las mismas emisiones, pero los índices de violencia fluctúan radicalmente por estados y ciudades y dependen más bien de condiciones sociales, étnicas y económicas de cada uno. Japón es uno de los países del mundo con menor índice de criminalidad, pero sus programas de televisión han sido consistentemente violentos. Países como Ruanda, con una ausencia casi total de televisión, han sufrido los peores casos de matanzas indiscriminadas en los últimos años.

Entiendo como periodista la responsabilidad de no generar uno mismo las notas. Una de las más elementales reglas que se enseñan a los periodistas se inspira en la metáfora de que no se debe gritar “¡Fuego!” en un teatro cerrado. Famoso es el caso del magnate William Randolph Hearst al que se acusa de haber hecho estallar el buque Maine en La Habana para promover la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España.

Pero en la duda hay que pecar del lado de la libertad. La función de los medios es mantener informada a la población sobre acontecimientos que le interesen y sean verdaderos. La responsabilidad de los periodistas es comprobar que la información que difunden es correcta y no si le gusta a la autoridad. Más que cuestionar si es ética o no la inclusión del Chapo Guzmán en las listas de Forbes sobre los más ricos del mundo, habría que preguntarse si realmente la revista contaba con la información que le permitía avalar esa información. Los datos que incluía la revista en su artículo simplemente no parecían garantizar la veracidad del dato.

Durante muchos años los periodistas en México tuvimos que definirnos constantemente por nuestro enfrentamiento con una autoridad que pensaba que tenía el derecho y la obligación de controlar la información en supuesto beneficio de la sociedad. Los espacios de libertad, sin embargo, se han ampliado de manera considerable en los últimos años. Si bien en algunos estados siguen existiendo casos de censura, hoy en día el gobierno federal debe recurrir más a la negociación o a la persuasión para que la información se encauce de la manera en que desea. Y en muchos casos las autoridades no consiguen su propósito, especialmente en los medios impresos que no dependen de concesiones gubernamentales.

Hoy los periodistas mexicanos enfrentamos otro reto quizá más importante. Debemos volvernos más profesionales: asegurarnos que la información que damos a conocer sea verdadera, esté bien presentada y sea comprensible e interesante para nuestro público. En la cobertura del crimen nuestra responsabilidad debe ser con el lector, el radioescucha o el televidente y no con el gobierno, que afirma actuar en representación de la sociedad pero busca más bien favorecer sus propios intereses políticos.

Al tomar la decisión de si se divulga o no el texto de una narcomanta, el periodista debe sopesar si la información le interesa o no al público. Al considerar si se incluye o no alguna imagen de violencia en un reportaje, debe considerar la reacción del público: ¿le interesará o le generará tal repulsión que le haga cambiar de canal? El punto de vista de la autoridad no debe incidir sobre la decisión.

A cualquier gobierno, por supuesto, le interesa que los medios guarden silencio sobre los crímenes que se cometen en la comunidad. Los políticos siempre podrán llevar a cabo su trabajo con más facilidad si la gente no está consciente de las amenazas que se ciernen sobre ella. Pero la función de los medios es, precisamente, la de comunicarle al público estas amenazas con el fin de que pueda tomar las medidas pertinentes. Si esto hace más difícil la función de los gobernantes, peor para ellos.

Sergio Sarmiento. Periodista. Es titular de los programas La Entrevista con Sarmiento y La Red de Radio Red.