La escalada criminal que padece la sociedad mexicana ha impuesto a los periodistas de este país una serie de retos en el cumplimiento de su misión.
Ubico el momento en que esto se comenzó a sentir: el verano de 2005, cuando por primera vez se rebasó en un solo año la cifra de mil ejecuciones en el conflicto entre las bandas del crimen organizado.

Poco después comenzaron a observarse fenómenos inéditos de violencia, como la ejecución de un comandante policiaco en Acapulco, en abril de 2006, cuya cabeza fue abandonada frente a un edificio público, acompañada de un mensaje escalofriante: “Para que aprendan a respetar”.

Hechos así han provocado una discusión en muchas redacciones sobre cómo estamos cubriendo estos acontecimientos.

Qué hacer con los llamados narcomensajes (los que se dejan a un costado de los cadáveres o se cuelgan de los puentes), las cabezas cercenadas y los cuerpos quemados o deshechos en ácido, los videos colgados de internet que contienen amenazas o registran actos de tortura y asesinato, los corridos que retratan como héroes a los sicarios o transmiten mensajes a autoridades y grupos rivales.

Cómo dar cuenta de estos hechos sin dejar al público perplejo respecto de su significado, sin sacarlos de contexto, sin exagerar ni minimizar su importancia, sin renunciar a la investigación periodística a pesar de contar con pocas fuentes fidedignas.

Qué hacer con el maniqueísmo de quienes dicen que aquí sólo hay dos bandos: o se está con el gobierno o se está con la delincuencia. Cómo responder a quienes acusan a medios y a periodistas de hacer el juego a la delincuencia por difundir información que pone en duda la legalidad o la eficacia de algunas acciones policiacas.
Por supuesto, se trata de una reflexión que se hace con el tren en marcha, en medio de un enfrentamiento que crece cada día, en número de muertos y saña, y en el que se han visto involucrados lo mismo sicarios que soldados, policías, simples transeúntes… y periodistas.

De por sí es complicado resolver con información una de las preguntas centrales en torno de este conflicto: la violencia que estamos observando ¿es señal de que la estrategia del gobierno contra el crimen organizado está dando resultado o es el efecto incontrolable de “patear el avispero”, como alegan muchos opositores?
Más aún lo es decidir cómo presentar el conjunto de hechos que tienen que ver con la lucha entre los cárteles, y la de éstos con las fuerzas de seguridad, de una manera que ayude al público a entender lo que está pasando y qué implicaciones tiene para la sociedad. Porque esa —y no otra, como levantarle la moral al país— es la finalidad del periodismo.

Las decisiones no siempre son fáciles cuando la discusión gira en torno del deber ser de este oficio, y no simplemente sobre cómo vender más periódicos o revistas o hacer subir el rating.

No son fáciles porque el periodismo no es una ciencia exacta y puede haber distintos caminos que conduzcan al mismo fin: mantener a la sociedad enterada de los acontecimientos que afectan la vida comunitaria, trascender las apariencias, ayudar a los ciudadanos a decodificar los hechos de interés público para que pueda tomar decisiones informadas, y cuidar de la democracia.

Sin embargo, pese a esa dificultad, pienso que los periodistas y los medios tienen que abrir un espacio de discusión sobre el tema, adoptar posiciones claras y explícitas y después ser congruentes con ellas.

Tenemos que responder preguntas como las siguientes: ¿Vamos a reproducir los narcomensajes, a pesar de no tener certeza de quiénes los redactaron? ¿Vamos a hacer bloque con las autoridades en la lucha contra el crimen o mantener nuestra independencia y honrar el papel de fiscalización que corresponde a la prensa? ¿Vamos a reproducir imágenes de violencia sin reparar en que entramos en hogares cuyos miembros no tienen una capacidad homogénea de digerirlas? ¿Nos vamos a dejar usar por los criminales para hacerse publicidad?

Uno de los puntos de discusión más álgidos ha sido la reproducción de mensajes anónimos atribuidos al crimen organizado. En Excélsior hace tiempo tomamos la decisión de no darles difusión —sobre todo mediante la simple reproducción fotográfica de estos recados—, salvo en casos que la autoridad considere que constituyen evidencia de la comisión de un delito y formen parte de una averiguación previa.

Por lo general, consisten en amenazas proferidas mediante una redacción confusa y un nulo sentido de la ortografía. Y, pese a ello, quienes elaboran esos recados parecen saber que serán reproducidos por los medios, o por lo menos aspiran a eso. Cuando consiguen su propósito, obtienen una difusión por la que no tienen que pagar.

¿Qué se diría de un medio que publica sistemáticamente, sin mayor comentario, los boletines de una de dependencia de gobierno? Seguramente no se le bajaría de gacetillero y vendido. Si tiene tan mala fama hacerlo con los comunicados oficiales y las fotos de funcionarios que sólo buscan la promoción personal, ¿por qué reproducir los llamados narcomensajes sin un mínimo espíritu crítico o esfuerzo de interpretación?

Es una equivocación en el ejercicio periodístico negarse a ver que tanto los recados del crimen organizado como las decapitaciones tienen un claro efecto propagandístico e intimidatorio. Y que sus autores buscan la caja de resonancia de los medios de comunicación para potenciar su mensaje de terror.
La difusión de las narcomantas y las decapitaciones en algunos medios —al principio, quizá, por su carácter novedoso— ha ayudado a que estos fenómenos pasen de ser excepcionales a convertirse en rutinarios.

Los medios que les brindan espacio hacen un pobre servicio informativo a su público, que generalmente recibe las imágenes sin mayores elementos para comprender su significado. En cambio, colaboran con las estrategias de los delincuentes, sirviéndoles de altavoz.

Algunos han querido ver este tema como un asunto de libertad de expresión. Dicen que no publicar imágenes de narcomantas o cabezas cercenadas equivale a no retratar la realidad y prestarse a la censura.

Sin embargo, es un error considerar que los medios son simples coladeras de hechos noticiosos y que no tienen la obligación de contextualizar y aportar al entendimiento de la información que difunden.

El reto que tenemos los periodistas es importante: cómo encontrar formas imaginativas de registrar la gravedad de la situación de seguridad pública que enfrenta el país, sin dejar de cumplir con nuestra obligación esencial de informar, sin renunciar a nuestra independencia frente a la autoridad y sin servir de mensajeros al crimen organizado.


Pascal Beltrán del Río. Director editorial del periódico Excélsior.