El tema de las telecomunicaciones en México es sumamente complejo ya que en él confluyen y se entrelazan múltiples aspectos tecnológicos, económicos y políticos. Se trata, por lo demás, de un tema que impacta a la mayoría de la población a través de los diferentes servicios que ofrece el sector en materia de telefonía fija y celular, radio, televisión abierta, por cable y satelital y, ahora en forma cada vez más importante, de acceso a internet.

Por el lado de la oferta, y debido a sus peculiares características tecnológicas y económicas (altos costos de acceso y la existencia de economías de escala y de red, por ejemplo), es natural que tienda a haber relativamente pocos participantes en el sector. Además de esas características, presentes en cualquier otra parte del mundo, en el sector de telecomunicaciones mexicano hay algunos factores locales que lo hacen aún más complejo: por un lado, aquí coinciden algunos de los grupos económicos y empresariales más ricos y poderosos del país como el de Carlos Slim, el Grupo Salinas y el Grupo Televisa, entre otros; por otra parte, el hecho de que se trate básicamente de concesiones otorgadas por el Estado ha dado lugar a una relación muy particular entre las autoridades y las empresas participantes en el sector a la que nos referiremos más adelante; finalmente, la existencia de algunos factores históricos (la privatización de Telmex, el otorgamiento de varios canales de televisión y/o frecuencias de radio a un solo grupo económico, etcétera) ha llevado a que algunos participantes en el sector tengan un cierto poder monopólico que afecta a los consumidores, o bien, que se encuentren en una situación de ventaja frente a otros competidores (reales o potenciales) y que estos últimos exijan un cambio en las condiciones de participación y acceso al mercado correspondiente.

La situación antes descrita, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, da lugar a encendidos debates, a disputas legales fragorosas y a posiciones irreductibles entre los diversos participantes. La posibilidad de que una decisión de política pueda beneficiar a alguna de las empresas podría ser rápidamente denunciada, respondida y/o bloqueada por otro u otros de los poderosos competidores, lo que en realidad ha llevado a una especie de parálisis en el sector. Así, las telecomunicaciones en México, que sin duda podrían atraer cuantiosas inversiones nacionales y extranjeras, y que podrían incluso encabezar el desarrollo del país, se encuentran desde hace ya varios años estancadas como resultado de las disputas legales entre las empresas y por la propia inacción del gobierno que, en su afán de mantener un cierto equilibrio entre los diversos grupos que participan, ha optado por un actitud timorata y de plena condescendencia con el statu quo. Por lo anterior, para nadie es sorprendente que México haya avanzado muy poco en materia de cobertura de algunos de los servicios más novedosos (como el acceso a internet vía banda ancha, por ejemplo, el cual es de apenas 6%), e incluso con respecto a otros servicios menos recientes como lo es el caso del acceso a la televisión de paga (de cable o satelital), a la cual hasta ahora sólo tiene acceso menos del 40% de los hogares mexicanos.

Esta situación, sin embargo, se ha tornado cada vez más insostenible como resultado del propio desarrollo tecnológico que ahora permite que una sola empresa pueda ofrecer una gama de servicios que antes se ofrecían por separado, como es el caso de la televisión, la telefonía y el internet (a lo que se le ha denominado como “triple play”). Este proceso, conocido como la convergencia tecnológica y que permite el ofrecimiento simultáneo de servicios de imágenes, voz y datos, ha venido a cambiar notablemente las condiciones de participación en el sector. Ahora, varias empresas que antes se especializaban en un solo segmento del mercado (por ejemplo, en la provisión de televisión), podrían estar interesadas en unir esfuerzos con otras compañías de otro segmento del mercado y así obtener sinergias para poder participar y competir en una escala más amplia del sector.

Ahora bien, dada esta situación, ¿qué se puede hacer en el campo de las telecomunicaciones para poder avanzar en lo que se conoce como las tres C’s más importantes del sector: convergencia, cobertura y competencia? Hay dos opciones para lograr lo anterior: una es replantear toda la estructura del sector, reformular la regulación y establecer de entrada mejores condiciones de acceso y participación en los diferentes segmentos del mercado. Esto implicaría eliminar las ventajas que hoy en día tienen algunos participantes y que les permiten actuar de manera poco competitiva e incluso depredadora de la competencia, tal como ocurre en el caso de Telmex en la provisión de los servicios de interconexión1 o en el caso de Televisa con sus competidores en la provisión de servicios de televisión de paga.
Este enfoque, sin embargo, es muy probable que sea inviable en México, no sólo por el poderío político e influencia de los participantes, los cuales difícilmente estarían dispuestos a perder sus privilegios, sino también porque parece existir un prejuicio ideológico en la actual administración que les impediría siquiera considerar una opción como la anterior.2

Un segundo enfoque consistiría, simplemente, en partir de lo que se tiene y tratar de mejorar, aunque sea parcialmente, las condiciones de competencia y cobertura en la provisión de los servicios de telecomunicación en el país. Dado eso, lo primero que se puede hacer es tratar de promover la competencia, aprovechando y fomentando el proceso de convergencia tecnológica que ya está en marcha. Este proceso, empero, debe partir de la realidad actual y de una comprensión cabal de los incentivos a los que se enfrentan los diversos participantes en el sector. Así, por ejemplo, algo que se puede hacer de inmediato es modificar el título de concesión de Telmex para que pueda participar en la provisión de servicios de televisión y que, por ende, pueda competir directamente con los proveedores que en la actualidad ya ofrecen el servicio de triple play en los hogares mexicanos.

Lo anterior, sin embargo, no debe hacerse sin algún tipo de condicionamiento. Esta modificación, para que realmente tenga efectos benéficos en otras áreas del sector (telefonía local, de larga distancia y celular), deberá ir acompañada de un cambio en el comportamiento de Telmex en los mercados en los que actualmente tiene poder de dominancia y en los que ha impedido la competencia e inhibido la inversión. Es por ello que, como parte de esta reforma, se requeriría de un cierto trabajo de regulación adicional, de un fortalecimiento de los poderes y capacidades de la Comisión Federal de Competencia, así como de un trabajo político que permitiría el establecimiento de acuerdos básicos que conduzcan a un comportamiento más competitivo en diversas áreas del sector.

Otra modificación posible consistiría en el otorgamiento de una concesión adicional que permita la creación de una tercera cadena de televisión abierta a nivel nacional que pudiera competir, aunque sin duda en una forma limitada, con las dos cadenas nacionales actuales (Televisa y TV Azteca). Esto no sólo le pondría un cierto límite a la enorme influencia política, económica y social de estas dos televisoras, sino que también podría conducir a generar una relación más saludable entre las empresas del sector y las autoridades, las cuales ahora pueden ser sujetos de premios o castigos de acuerdo a la voluntad de las televisoras, lo que se ha prestado —y, de hecho, se sigue prestando— a un intenso cabildeo mutuo entre los poderes políticos y las dos empresas televisivas.3

Una reforma adicional implicaría reformar las leyes para impedir que una empresa como Televisa pueda ejercer su poder monopólico en la venta de sus contenidos a las empresas de televisión de paga. Si bien ya ha sido regulado el proceso que obliga a que las empresas de televisión abierta ofrezcan su señal a las cadenas de televisión por cable, y que además deban hacerlo a un mismo precio (el proceso llamado “must carry/must offer”), lo que aún no se ha considerado en dicha legislación es que una misma empresa puede estar de ambos lados del mercado (tal y como lo hace Televisa a través de Sky), lo cual no le impide aplicar un precio que podría ser excesivo y que podría, eventualmente, desalentar a sus potenciales competidores pero no a sus filiales, ya que lo que paguen éstas lo ganaría otra empresa del mismo grupo económico. Esto es, precisamente, lo que ocurre en el caso de la fuerte competencia entre Dish, de la empresa Multimedios, y Sky del Grupo Televisa, y en donde la televisora podría estar aplicando un precio de venta de sus contenidos suficientemente elevado como para inhibir a Dish de adquirir sus contenidos y que, en última instancia, la estaría llevando a competir en circunstancias relativamente adversas en el mercado de televisión de paga al no poder ofrecer los canales de televisión abierta como parte de su oferta de programación regular.

Por supuesto, otras reformas adicionales tendrían que ver con el otorgamiento de nuevas concesiones de radio y de banda ancha. Todas ellas, sin embargo, deben considerar la situación actual del sector y la necesidad de ampliar el número de participantes y competidores en el mercado. En ese sentido, también es necesario acelerar el proceso de licitación del espectro radioeléctrico, proceso que se ha ido retrasando ya por muchos años, así como el de la red de fibra óptica, la cual podría ayudar a construir una nueva red dorsal en el país. En esta línea, es imperativo ampliar la licitación de la red de fibra óptica de la CFE que en la actualidad se limita a únicamente dos de los 32 hilos de la fibra. Esto último es necesario para que en verdad se aproveche todo el potencial de desarrollo de las telecomunicaciones y se logren generar posibilidades de acceso real a lo largo de todo el país. Asimismo, es necesario que se realice el anunciado Programa de Cobertura Social, que permitiría llevar servicios de telecomunicación a todas las escuelas y comunidades del país, de tal manera que se pueda empezar a reducir la brecha tecnológica que cada vez establece una diferencia más grande entre las comunidades urbanas y las comunidades rurales en México.

Todo lo que se ha mencionado en este texto es viable y podría implementarse relativamente rápido. La mayor parte de las propuestas aquí planteadas ni siquiera requieren de la aprobación en el Congreso, ya que casi todas ellas recaen en el ámbito del Poder Ejecutivo. Todo es cuestión de empezar a tomar las decisiones que se han postergado durante tantos años y, sobre todo, durante los primeros de esta administración. Si no es ahora, quizá después ya sea demasiado tarde.

Gerardo Esquivel. Economista. Profesor-investigador de El Colegio de México.

Pies
1 Véase Rafael del Villar (2008), “Competition and Equity in Telecommunications”, en Michael Walton y Santiago Levy (eds.), No Growth without Equity, Palgrave-MacMillan/World Bank.
2 Nótese que este enfoque es, en última instancia, similar al que recientemente fue aprobado en Argentina a través de la nueva “Ley de Medios”. En ese sentido, no sorprende que dicha ley fuera descalificada por varios medios mexicanos y que fuese denominada de manera completamente injusta y sesgada como una especie de “Ley Mordaza”.
3 Recuérdese el caso de Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y Televisa, cuya relación pasó de la entrega de concesiones de juegos y sorteos a la empresa, hasta el denostamiento continuo y la difuminación electrónica de la imagen del ex secretario en un noticiario de la empresa. Otro ejemplo de estas relaciones fue el intento de linchamiento público al ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por parte de TV Azteca como resultado de un asunto legal entre la Secretaría de Hacienda y la empresa televisiva. El caso actual de la relación entre Televisa y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, es un ejemplo más de esta relación entre el poder político y las empresas televisivas.