1. La participación electoral a nivel federal viene descendiendo de manera constante desde 1991, primera elección que organizó el Instituto Federal Electoral. Ese año dejó de ir a las urnas el 34.06% de los electores. Seis años después, en 1997, la abstención subió a 42.31% y en el 2003 llegó hasta 58.32%.

Si observamos los datos de las elecciones generales, en las cuales se elige presidente, senadores y diputados, la tendencia es similar, aunque la participación es más alta. En 1994 no fue a las urnas sólo el 22.45% de los electores potenciales, en 2000, el porcentaje subió a 36.34%, y en 2006 arribó al 41.81%.

Son números fríos pero elocuentes. Y no sirven los conjuros para “tapar el sol con un dedo”.

2. La abstención crece y llamar a incrementarla no es muy meritorio, sino más bien montarse en una ola que nada productivo puede traer al país. Aunque la Constitución dice que el voto es un derecho y una obligación, de facto en México votar es un derecho solamente, ya que la abstención no acarrea ninguna sanción de carácter administrativo, como sí sucede en otros países de América Latina, y qué bueno que así sea. Sólo un derecho.

3. La abstención se incrementa porque, en efecto, hay un malestar en relación a los partidos, los políticos, los Parlamentos. Diversas encuestas han recogido ese sentimiento y en centros de trabajo y espacios públicos uno mismo puede recoger esa “desafección” hacia el mundo de la política. No se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país, el PNUD y Latinobarómetro lo han documentado en buena parte de América Latina.

4. Por otro lado, la abstención es un fenómeno complejo. Los motivos de los que se ausentan de las urnas pueden situarse en las antípodas: desde el hiperpolitizado que no encuentra una opción a la altura de sus expectativas hasta el apolítico rutinario, pasando por todo tipo de grises. De tal suerte que no existe algo así como un “partido abstencionista”. Los que no acuden a la cita dejan en manos de otros la decisión de quién debe gobernar y quiénes deben legislar.

5. ¿De qué sirve echar más leña a la hoguera de la abstención? ¿Queremos desfondar lo poco o mucho que hemos construido hasta ahora? Hay que recordar, porque nuestra memoria es flaca, que México transitó apenas entre 1977 y 1996 de un sistema de partido hegemónico a otro pluripartidista, de elecciones sin competencia a comicios muy competidos, de un mundo de la representación política monocolor a uno donde el pluralismo se reproduce en las instituciones del Estado. Y ello significa hoy nuevas relaciones entre los poderes: de un presidencialismo asfixiante y subordinador a un equilibrio real entre los mismos, de un centralismo arraigado a un federalismo primitivo, de un Poder Judicial minusvaluado en materia política a otro que ya es árbitro de litigios entre poderes y en acciones de inconstitucionalidad. También ha acompañado y posibilitado mayores márgenes de libertad de expresión, organización, de prensa, manifestación, etcétera, y ha logrado construir un mundo de la política plagado de pesos y contrapesos, en claro contraste con el verticalismo autoritario de hace apenas unos años. Y todo ello fue posible a través del voto, la punta del iceberg civilizatorio que permite la convivencia de la diversidad, y el cambio de gobierno por vías institucionales y con la participación de los ciudadanos.

6. La abstención tiene sentido cuando alguna fuerza política fundamental en un país es excluida de la contienda. ¿Pero qué corriente política significativa está hoy imposibilitada de participar en nuestros comicios?

7. Lo que necesitamos es más bien una pedagogía que nos ayude a socializar los valores y principios de la democracia y a valorar los cambios que fueron capaces de desmontar un régimen autoritario y edificar un germinal régimen democrático. (Y, por supuesto, a detectar y discutir todos y cada uno de los obstáculos que impiden su asentamiento y que tienden a erosionarla; destacadamente, el entorno económico y social en el que se reproduce.)

8. Ésa debería ser una misión fundamental de las instituciones estatales, los partidos, los políticos que son los responsables inmediatos de la imagen que la política irradia. Pero también de la escuela, de los medios
de comunicación.

P.D. Además, vale la pena establecer desde ahora la siguiente salvedad. Al 20 de febrero, la lista nominal de electores tenía inscritos 75 millones 788 mil 623 ciudadanos. Ése es el universo potencial de los votantes. Pero a ese número deberíamos restar un millón 291 mil 705 fallecidos que aparecen en la lista, y tres millones 859 mil 681 personas que se encuentran de manera temporal o permanente en el extranjero (cálculos del Registro Federal de Electores). Es decir, el 6.8% de los ciudadanos que están registrados en la lista nominal no podrá votar. Ese porcentaje de “ausentes”, en buena lid, debería restarse de las cifras que miden la abstención.



José Woldenberg. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.  Es autor de Después de la transición: gobernabilidad, espacio público y derechos.