El problema
Entre 2007 y 2010 el número de homicidios intencionales en México pasó de ocho mil 900 a 25 mil 500 por año. Con ello la tasa de homicidios prácticamente se triplicó, alcanzando niveles no experimentados en el país en décadas. Un incremento de esa magnitud casi no tiene precedentes: el ascenso de la violencia ha sido dos veces más rápido al experimentado por Colombia durante la guerra contra Pablo Escobar (ver gráfica).

El problema no se reduce al homicidio. Los secuestros denunciados se han triplicado y la extorsión ha adquirido proporciones epidémicas. No se trata de fenómenos aislados: es probable que exista un mecanismo común de crecimiento.

Si bien hay un trasfondo estructural, las causas primarias del disparo de violencia probablemente sean coyunturales. En fechas recientes se ha librado un amplio debate sobre los factores detonantes de la violencia. Más que repasar esa discusión, es importante entender el mecanismo de expansión. Con alta probabilidad, la violencia se alimentó a sí misma. Dado el incremento de homicidios, bajó la probabilidad de que cualquier asesinato fuera castigado. Hubo entonces más homicidios. La atención a los homicidios hizo que crecieran los secuestros. Entre homicidios y secuestros no se podía atender la extorsión o el robo de vehículos. El desorden engendró desorden.

Ese mecanismo puede funcionar también en sentido contrario. Si se corta la espiral, la caída puede ser tan abrupta como el ascenso. Podría haber ya atisbos de ese fenómeno: durante siete meses consecutivos el número de homicidios a nivel nacional (en promedio móvil de tres meses) ha disminuido. Esa caída está siendo empujada por descensos espectaculares en diversas ciudades del noroeste: en Ciudad Juárez, por ejemplo, el número de homicidios ha caído 60% en promedio mensual desde finales de 2010.

Pero la espiral sigue en fase ascendente en buena parte del territorio. En Nuevo León y Coahuila, por ejemplo, los homicidios siguen creciendo a tasas anuales superiores a 30%. Es indispensable romper, de una vez por todas, la inercia en todo el país.

La propuesta
Se propone un enfoque de disuasión focalizada para reducir dramáticamente la violencia criminal en el corto plazo. En específico, se sugiere la siguiente estrategia:
1. Se seleccionaría un grupo criminal y se acumularía inteligencia sobre sus fuentes de ingreso (rutas, distribuidores de droga en Estados Unidos, etcétera) y estructura operativa (capos, lugartenientes, células, etcétera). Con esa inteligencia se lanzaría una ofensiva concentrada en contra del grupo durante seis meses.
2. En paralelo, se acumularía inteligencia similar sobre las demás bandas.

3. Culminada esa fase, el gobierno federal diseminaría, por medios discretos (prisiones, por ejemplo), los resultados de la ofensiva y mandaría a los grupos criminales, de manera explícita, los siguientes mensajes:
• El gobierno federal daría atención especial a los homicidios múltiples con ocho o más víctimas mortales.

• El siguiente grupo criminal que cometiera un acto de esa naturaleza se convertiría en blanco de atención concentrada del gobierno, recibiendo el mismo trato dado al grupo seleccionado inicialmente.

4. De manera simultánea, el gobierno de Estados Unidos, previo acuerdo, enviaría exactamente el mismo mensaje a los grupos criminales, pero con un añadido: su reacción ante uno de los actos seleccionados sería idéntica a la reacción que tendría ante el asesinato de un oficial estadunidense.

5. Si algún grupo desoyese la advertencia, se activarían las acciones identificadas en la fase de acumulación de inteligencia.

6. Iniciada la operación, se repetiría todo el ejercicio de comunicación, proveyendo detalles de la ofensiva en curso.

7. Si en un plazo de seis meses no hubiera ningún incidente del tipo seleccionado, la regla se apretaría para incluir incidentes con seis o más víctimas, y así sucesivamente (a partir de tres, se podrían incluir homicidios individuales particularmente brutales). Se repetiría el proceso hasta regresar a un equilibrio de baja violencia.

La estrategia funcionaría como un impuesto a la violencia. En consecuencia, los grupos criminales tenderían a evitar actos de violencia indiscriminada donde corrieran el riesgo de traspasar el umbral establecido. En el margen, el proceso tendería a reducir el número de homicidios y a liberar recursos para la atención de otros delitos (secuestro, extorsión).

Una estrategia de disuasión focalizada no excluye la necesidad del fortalecimiento institucional. Más bien podría facilitar el proceso, ya que la violencia tiene efectos tóxicos sobre los esfuerzos de transformación: en Nuevo León, por ejemplo, los elevadísimos niveles de violencia han dificultado el reclutamiento de elementos para la nueva policía estatal.

La política de seguridad no tiene como único fin el restablecimiento del orden, pero todos los demás objetivos son impensables cuando no hay más límite para los delincuentes que su imaginación.

Alejandro Hope. Director del Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo), iniciativa conjunta en materia de seguridad del IMCO y México Evalúa. Tiene interés especial en política de drogas y, en particular, en la operación de los mercados de drogas ilegales.