Cuidado con las palabra porque adquieren vida propia. Cuidado también porque tienen consecuencias. Como afirma la profesora S. Woodward, las palabras señalan la existencia de un problema, pero también orientan la percepción que tendrá de éste el público y, sobre todo, excluyen de toda consideración las cuestiones destinadas a no ser examinadas. No sólo eso: tienen consecuencias en términos de recomendaciones de política.

Casi de repente la palabra, que no el concepto, de Estado fallido se volvió parte del lenguaje común y fue adoptada en discursos lo mismo por parte de la oposición que del gobierno, de los legisladores que de los embajadores, de los periodistas que de los académicos. No tengo un monitoreo sobre los medios electrónicos, pero la prensa escrita mexicana registra el uso de la palabra en más de 200 ocasiones tan sólo en la primera quincena de enero.

Lo más sorprendente es que prácticamente ninguna de las notas, declaraciones o artículos hacen referencia al origen, significado, contenido y operacionalización del término. Mucho menos a los libros que han abordado de manera seria el concepto y sus implicaciones en materia de política internacional.

Por ejemplo, en el libro del mismo nombre, Noam Chomsky define a los estados fallidos como aquellos que carecen de capacidad o voluntad “para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso la destrucción” y “se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional” y que padecen un grave “déficit democrático” que priva a sus instituciones de auténtica sustancia. ¿Se apega México a esta descripción?

La idea de un Estado fallido se comenzó a difundir a raíz de un proyecto del Fund for Peace —organización independiente dedicada a la investigación y la prevención de las causas de la guerra— que junto con la revista Foreign Policy desarrollaron un índice para evaluar la situación económica, política y social de diferentes naciones y las capacidades de los Estados para enfrentarlas.

El índice consta de 12 indicadores:

• Crecientes presiones demográficas.
• Movimiento masivo de refugiados y desplazados internos.
• Legado de grupos que buscan venganza o que se sienten perseguidos.
• Éxodo crónico y sostenido de la población.
• Desigual desarrollo económico.
• Declinación económica severa.
• Criminalización o pérdida de legitimidad del Estado.
• Deterioro progresivo de los servicios públicos.
• Suspensión o aplicación arbitraria del Estado de derecho y extensas violaciones de los derechos humanos.
• Aparato de seguridad que opera de manera independiente del Estado.
• Prominencia de elites sectorizadas.
• Intervención de otros Estados y/o actores políticos externos.

A partir de estos indicadores se ordenan los 177 países del universo del estudio por “orden de vulnerabilidad a conflictos internos y deterioro social”. El índice se ha publicado en cuatro ocasiones y México ha mantenido más o menos la misma posición desde 2005. En el de más reciente publicación, de fines de 2008, ocupa el lugar 105, esto es, está 104 lugares abajo del Estado más fallido, Somalia, y a 72 del menos fallido, Noruega (www.fundforpeace.org).

Curiosamente, la peor calificación que recibe México corresponde al quinto indicador —desarrollo económico desigual— seguido por “presiones demográficas” y “éxodo
crónico y sostenido de la población”. En sentido contrario, sus mejores calificaciones corresponden a los tres últimos indicadores.

Usar el término de Estado fallido de manera descuidada e indiscriminada como ha sido el caso es inconveniente para la claridad y peligroso para la política. Por respeto a la precisión o rigor conceptual, no podemos situar a México en el mismo casillero que a Somalia o Pakistán.

Pero si el rigor conceptual no nos preocupa, hay otro motivo. ¿Sabía usted, por ejemplo, que tanto Estados Unidos como diversas agencias internacionales, la ONU entre ellas, contemplan como una solución válida —pretexto— ante la presencia de un Estado fallido la intervención en los asuntos interiores de naciones soberanas, la llamada soberanía compartida o de plano la intervención armada? ¿Sabía que en las encuestas más del 25% de los consultados opinan que en esos casos debería haber una incursión armada directa?

No se trata de esconder una realidad. Ni duda cabe que México padece problemas muy serios, incluso alarmantes. Tampoco se trata del temor de llamar a las cosas por su nombre pero sí de un mínimo sentido de responsabilidad: académica, periodística y política. Se trata de dimensionar un fenómeno en lugar de recurrir al expediente fácil de usar una etiqueta atractiva. Se trata de hacer una evaluación medianamente realista. Aunque duela.


María Amparo Casar. Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.