“¿Y tú ya sabes qué vas a decir si te piden tus papeles?”. La pregunta me toma con la guardia abajo y la grabadora encendida. Apenas un minuto antes, Refugio estaba llorando por la injusticia de que exista la ley SB 1070, pero en cosa de segundos esta sonorense bajita, de cabellera negra, cejas arqueadas y complexión que hace 20 años seguro provocó muchos dolores de cabeza, se pone a la ofensiva y con su acento golpeado me asalta: “Sí, tienes que saber qué vas a decir, ¿ya sabes? Porque ya te diste cuenta de que pareces mexicano, ¿o no?”. Refugio Payán se empieza a reír de mí. Estamos a unos metros del Capitolio en Phoenix, donde junto a unos árboles pelones montaron una vigilia que con protestas y rezos pretende ablandar el corazón de la clase política de Arizona. Traigo el pasaporte en el bolsillo de la camisa, pero eso no me devuelve la tranquilidad. ¿Parezco mexicano?, y si sí —debatir el punto resulta ocioso— qué exactamente quiere decir eso hoy en Arizona, hoy en Estados Unidos.

Dicen que a las cosas hay que llamarlas por su nombre (actitud, por cierto, no muy mexicana que digamos). La ley SB 1070 no es antiinmigrante. Es antimexicana. Comentaristas de medios de Estados Unidos ya han zanjado claramente este punto cuando al criticar la legislación aprobada por la gobernadora Jan Brewer señalan que la medida tiene el gran defecto de que instalará una lógica discriminatoria: separará a los unos, los rubios, de los otros, los “mexican looking people”.
¿Cómo lucimos los mexicanos? ¿A quién nos parecemos? ¿A los cholos, a los pachucos, a los pandilleros, a los maras, a los narcos, a Juan Diego, a Tin Tán, a los Pedros —Armendáriz o Infante—, al Bofo Bautista, a Beatriz Paredes, a Felipe Calderón? ¿En el censo, el INEGI le estará preguntando a la gente cuál es su raza? ¿Qué respondería yo, o usted? ¿Raza mexicana? Seguro que si preguntan en Argentina dirán que nos parecemos a Chespirito. Pero en Arizona hoy, los otros sí saben quiénes no son como ellos, y diario detienen a personas, y no precisamente a partir de la aprobación de la cuestionada ley: por su apariencia mexicana para pedirles papeles, para tratar de echarlas.

Ya transcurrió un mes desde que fui a Arizona y no se me quita la sensación de que llegué tarde, muy tarde. La noticia no es que hayan aprobado la ley SB 1070, al fin y al cabo eso ocurrió el 23 de abril y su entrada en vigor quedó definida para el 29 de julio. La noticia es que en México apenas nos estamos dando cuenta cabal de un fenómeno que lleva años cocinándose: Arizona no quiere más migración, no quiere más mexicanos. Las razones pueden ser muchas. Están hartos de haberse convertido en el embudo por donde pasan los migrantes que huyen de los sellos fronterizos de Texas y California. Han visto crecer el narco y el crimen en sus caminos y calles (y creen, sin evidencia sólida, que la culpa de eso es de los mexicanos). La economía no se ha recuperado y es fácil culpar a los migrantes de acaparar empleos y de sangrar los servicios. Con todo eso, diversos entrevistados coinciden, pudiera formularse una explicación de las actitudes xenofóbicas, pero quizá la pista más contundente la aporta la revista The Economist. En un artículo fechado el 6 de mayo, la publicación subraya que Arizona es el estado de la Unión Americana que tiene la brecha intergeneracional más profunda. Es decir, mientras 83% de las personas mayores es de raza blanca, sólo el 43% de los jóvenes lo es. Adivinen quiénes sí están teniendo más hijos. Y peor, como hoy en Estados Unidos han puesto a los migrantes a la defensiva, es posible que el censo que también allá se está levantando por estas fechas, registre menos mexican looking people de la que en realidad hay, pues ¿usted daría información a un funcionario estadunidense sin temor a que ésta sea usada en su contra, a que vengan por usted cualquier día de estos? Así que es probable que muchos hispanos no abran la puerta y queden literalmente en la sombra, convertidos en fantasmas hasta que alguien les pida sus papeles y, en efecto, desaparezcan.

Y ya puestos a tratar de desentrañar el asunto mexicano, hagamos una pregunta muy ad hoc con nuestra tendencia al melodrama: ¿por qué no nos quieren?
Con “la más grande selección de cervezas de barril del mundo” a sus espaldas, Steve, cuyo abuelo llegó desde Irlanda, se encoge de hombros cuando le pregunto si hay algo que los migrantes mexicanos deberían hacer para tener más argumentos en su defensa. “Sí, pagar impuestos e integrarse a la cultura americana”. Estamos en el Yard House del mall de Scottsdale, suburbio de Phoenix. “Desde hace cinco años, todos los días llego a las 10 de la mañana a preparar la barra. A las 12, ellos (léase los mexicanos que laboran en la cocina) hacen lunch. Tienen derecho a cocinarse lo que quieran. ¿Sabes cuántas veces en este tiempo me han invitado a unírmeles?”.
Si esperaba que yo le dijera por qué pasa eso lo dejé con las ganas, en vez de ello le comento que la cerveza inglesa que me recomendó estaba muy buena, que por favor ahora me ofrezca algo diferente para terminar mi Seared Ahi Steak, que no es otra cosa que un sándwich de atún sellado, con cebollas caramelizadas, queso suizo y espinacas. Me pone una francesa. “Ellos acaparan las cocinas. Tengo ocho años en este negocio, y puedo decir que dos terceras partes de las personas que trabajan en las cocinas son indocumentadas. No tengo problema con eso. Pero siempre están cuchicheando. Creen que no nos damos cuenta. Sí entienden el inglés, pero no quieren hablarlo. No quieren integrarse. Y además, en mi caso, prácticamente todo mi sueldo se va en impuestos, mi ganancia son las propinas. En cambio ellos ganan más del doble de lo que yo, y claro, no lo reportan al IRS”. Los de la cocina, eso sí reconoció Steve, no reciben propina alguna. Lástima, el que preparó el sándwich de atún se la había ganado a pulso.

Eso de los impuestos lo escuché de casi cada gringo con el que pude hablar durante mi viaje de una semana a Arizona. Cuestioné al respecto a líderes comunitarios y a migrantes. Es una verdad a medias, me dijeron los primeros, pues no sólo se pagan los impuestos al consumo, sino que muchos migrantes incluso a pesar de sus falsos números de Seguridad Social aportan al fisco. “Yo estoy aquí no de gratis, estoy pagando hasta el aire que respiro. Cada cosa que compro me cobran taxes, estoy contribuyendo, y sin registración”, dice don Pascual, nacido en Guerrero, con ocho años de vivir en Arizona y jornalero de profesión. Lleva toda la mañana parado en la entrada del estacionamiento del Home Depot de la avenida Thomas y la Calle 38 en Phoenix. Es uno de los 20 migrantes —salvo un salvadoreño, todos los demás mexicanos— que llevan horas esperando a que alguien los contrate para hacer cualquier arreglo de casa o jardín. “No todos los americanos son malos —asegura don Pascual—, hay unos que son muy buenas personas, y así les respondemos también, como trabajadores, tratamos de contribuir con ellos”.

Los gringos malos de esta película serían los “New Con”, los nuevos conservadores. ¿Suena a discurso trasnochado de la era Bush? Para Isabel García, integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos con base en Oakland, California, esos ultraconservadores tienen más influencia que nunca. “Decidieron hacer de este estado un laboratorio. Y han querido revertir todos los avances logrados en los años setenta: la acción afirmativa, la educación bilingüe, las facilidades de acceso a la universidad. Se apoderaron del sistema de justicia del país, al poner a cada vez más integrantes conservadores. Dominan los medios de comunicación, y han llegado incluso al nivel de plantearse revertir la enmienda 14 de la Constitución, para que si alguien nace en este país no tenga la ciudadanía si sus padres no son migrantes legales”.

Isabel, que vive a caballo entre aeropuertos y reuniones con activistas, sostiene que lo que pasa en Arizona “es el resultado de al menos siete años de cambios legales. Hoy usar una identificación falsa es considerado como robo de identidad; contratar un coyote te hace cómplice del delito de tráfico de humanos; ya no tienes derecho a fianza si te detienen sin papeles, y con la iniciativa 7879 quieren también dejarnos sin derecho a educación pública. La SB 1070 no debería sorprendernos en absoluto”. O sea, no es sólo un problema de apariencias. No es sólo que con la nueva legislación cualquier policía podría, bajo esa metáfora hipócrita llamada duda razonable, detenerme para que demuestre que estoy legalmente en esta tierra que una vez fue México. No. Es un sistema que cada día hace más difícil nacer, vivir, estudiar y trabajar ahí.

Como todo lugar que se dé a respetar, Arizona tiene su propio exponente de estos New Con. Se llama Joe Arpaio. Ha sido reelegido cuatro veces en el puesto de sheriff del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, y es particularmente afecto a los récords (presume por ejemplo, en su página web, que ha logrado que el precio promedio de las comidas a los presos del condado, a quienes viste de rosa, cueste al erario 15 centavos de dólar. Y, para ahorrar más, sólo alimentan a los reos dos veces al día).

A sus 78 años, Arpaio anuncia orgulloso que desde 2006 ha enviado a la cárcel a 38 mil indocumentados que, según él, otro alguacil más blandengue hubiera permitido que siguieran en las calles. Es la cara más visible de un sistema político local que está en pie de guerra para resistir cualquier intento federal por marginar a los estados —Arizona el más visible— del manejo de la problemática migratoria. Y esta cara sabe manejar un discurso que le gana afectos: en sus boletines, que difunde también desde su cuenta de Twitter (@realsheriffjoe), no duda en subrayar el “peligro” que representan los inmigrantes, a quienes levanta cargos de complicidad en el delito de tráfico de humanos —por contratar un coyote— o denigra aseverando el gran peligro que corren sus policías al detener mexicanos “enfermos de varicela”.

Los que son como Arpaio crecen en entidades ansiosas de imprimir su sello a políticas federales, como la Operación Streamline. Puesta en marcha por la administración Bush en el año 2005, este sistema permite levantar cargos criminales a quienes crucen la frontera de manera ilegal, y en vez de ser tratados en un juicio civil, los migrantes terminan en una corte enfrentando un procedimiento en el que, si son reincidentes, pueden recibir una pena de hasta 20 años de prisión. El procedimiento es presentado a los detenidos como una oferta irresistible, pues al declararse culpables de lo que les imputan, y renunciar a sus derechos de apelación, les ofrecen la menor de las penas, con lo que si fueron detenidos en el área de Arizona, en dos días estarán de regreso en Nogales.

Tan maravilloso sistema judicial, que abulta las estadísticas de “casos resueltos” incluso si es en detrimento de dejar sin presupuesto a otros programas anticrimen, merece ser visto. Así que me apersoné en la corte de Tucson, poco antes de la una y media de la tarde, cuando todos los días de lunes a viernes se procesan en cuestión de 90 minutos a decenas de detenidos.

Las bancas color caoba están divididas en tres alas. Las de la izquierda lucían atestadas, llenas de quienes serán procesados. Las de en medio, que miran de frente al juzgador, son para defensores y personal diplomático; en ellas había unos cuantos abogados de esos que aparecen en el diccionario ilustrado bajo la acepción de “Burócrata”. Las bancas de la derecha son para visitas: ahí me senté. Listos los traductores. En guardia, policías fronterizos vigilando a 62 hombres y nueve mujeres, que sí, lucen como mexicanos. Habrá alguno que sea guatemalteco, u hondureño, pero da igual, ¿o acaso no somos iguales? Son paisanos que no se han bañado en días, con los pelos pegostiosos de polvo, con camisetas con chorretes de color café. Tienen los ojos, la mayoría, grandes, grandes de tan abiertos, y todos llevan las manos esposadas, atoradas a una cadena que les rodea la cintura y termina aprisionando los tobillos.

Al correr de los minutos algo se empieza a aclarar en la mente de cualquier mexicano, o de cualquiera con algo de humanidad, al estar en esa sala del sistema de justicia de la Unión Americana. La epifanía no la provoca el juez Bernardo Velasco, que suda aburrimiento al hacer confesar los cargos a todos los presos, en tandas de ocho, para ahorrar tiempo. La claridad no surge al ver que todos —los abogados, los funcionarios del consulado que incluso van por un cojín para sobrellevar el trámite de manera más cómoda, y los jactanciosos policías que nunca tendrán que someter a quien ya está vencido— aceptan el montaje jugando con sus blackberries o paseando la mirada en lo que les toca hacer nada. La revelación ocurre cuando uno oye las cadenas tintinear. Los presos las hacen sonar al dar pasitos para llegar hasta los micrófonos en los que aceptarán lo que no han hecho: delitos graves. Y entonces reconozco en aquel de la playera negra a mi primo Epigmenio, el hijo de mi fallecida tía Sara, el primero en irse al norte, a mediados de los años setenta. Y en el de nariz aguileña a José Luis, hijo de mi tía Elena, que con carcajadas todavía hoy cuenta cómo pasó la frontera escondido en el doble fondo de una camioneta, para luego trabajar en Chicago; y aquel debe ser Alfonso, hijo de Ignacio, que regresó convertido en un recto pastor protestante, para desmayo de mis abuelos cristeros, y la de la camiseta regalada por una carnicería de pueblo debe ser Tita, de las mayores de mi tía Teresa, que vive en Los Ángeles. En esa sala de mármol, mientras el sistema americano empaqueta culpables sin derecho a juicio justo para, embutidos, regresarlos a Nogales, no me queda duda de que cualquier mexicano tendría las quijadas trabadas como las tenía yo ese miércoles de mayo en Tucson a las dos de la tarde, como las tengo ahora al recordar que tan sólo en esa corte cada día 70 mexicanos son humillados por Estados Unidos. Enojado con los gringos. Qué tonto. Hasta parezco mexicano.

Salvador Camarena. Periodista. Titular de la tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio y colaborador del periódico El País.